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La administración Milei sigue con la iniciativa pese a reconocer que no tiene los votos necesarios para conseguir el éxito.
Tras una reunión en el Congreso este jueves con los líderes más importantes de los grupos parlamentarios, funcionarios oficiales admitieron que no hay base de consenso ninguna para conseguir el objetivo.
El tiempo apremia al gobierno, ya que para que la reforma pueda aplicar en las elecciones de medio término de 2025, debería ser ley antes de fin de año.
De todas formas, se abren frentes de negociaciones para, al igual que en el caso de la ley de bases, si no se consigue la ley de máxima, al menos se obtenga algo de lo buscado. Con el radicalismo podrían negociar que las PASO sigan, pero sin ser obligatorias. A cambio de esto el radicalismo podría votar otros aspectos, como la boleta única o la ficha limpia.
Otro punto de la reforma política que dará mucha tela para cortar es la propuesta de cortar de cuajo el financiamiento para los partidos en instancias electorales, dejando únicamente en pie el financiamiento ordinario de acuerdo a la cantidad de votos que hayan obtenido en comicios anteriores.
Entre las cosas que el gobierno resignó a priori de la discusión estaba la uninominalidad, por la cual se dividirían los distritos en pequeñas fracciones, eligiendo cada una de ella a un representante. Así, en un territorio grande pero fragmentado, por un puñado de votos una fuerza podría quedarse con una mayoría absoluta de representantes.
