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En una audiencia realizada este miércoles, se trató el caso conocido como los «Entrenadores del horror», una causa que investiga una serie de abusos sexuales contra múltiples víctimas en una escuela de entrenamiento que funcionó durante más de dos décadas en San José del Rincón.
Los detenidos por este caso son, el ex empleado municipal Walter Sales Rubio, su pareja Sheila Arteriza, la hermana de esta última, Solange Arteriza, y la madre de ambas, Alicia Reina. Durante la audiencia, se llevó a cabo la revisión de la prisión preventiva de una de las acusadas, la cual fue negada. Tanto la fiscalía como la parte querellante se opusieron al pedido de excarcelación.
En declaraciones, el abogado De Iriondo subrayó que el pedido de excarcelación es inaceptable, ya que las víctimas no son responsables de los abusos sufridos, los cuales ocurrieron en repetidas ocasiones y se extendieron durante un largo período de tiempo. A su vez De Iriondo explicó que las propias víctimas tuvieron la oportunidad de expresarse durante la audiencia y dejaron claro que no era justo equiparar la situación de la imputada con la de las víctimas.
Además, De Iriondo reveló que aún está pendiente conocer si se ampliará la imputación contra Sales Rubio, uno de los principales acusados en este caso. El abogado destacó que la investigación ha producido material suficiente como para avanzar con una acusación contundente, en la cual se solicitarán penas importantes para todos los imputados. En ese sentido, se adelantó que se pedirá la pena de prisión perpetua para los acusados.
Este caso de abusos sexuales en una escuela de entrenamiento ha generado conmoción en la comunidad de San José del Rincón y sus alrededores. Las autoridades continúan trabajando en el desarrollo de la investigación para esclarecer todos los hechos y brindar justicia a las víctimas.
Es importante destacar que el respeto y la protección de los derechos de las víctimas son fundamentales en este tipo de situaciones, y se espera que el proceso legal se lleve a cabo de manera rigurosa y justa, garantizando el debido proceso y la sanción correspondiente para los responsables de estos abusos atroces.
