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La Secretaría de la Niñez confirmó que en la provincia hay más de 1.800 niños, niñas y adolescentes bajo medidas de protección excepcionales. El reciente caso de un bebé de seis meses víctima de presunto abuso volvió a poner en foco el drama de la infancia en riesgo y el accionar del Estado frente a estas situaciones.
Unos 1.800 niños y niñas en la provincia de Santa Fe fueron separados de sus progenitores en el marco de medidas de protección excepcionales dispuestas por el Estado para resguardar su integridad. Estas intervenciones buscan preservar a menores que sufren vulneraciones graves dentro de su propio entorno familiar.
Uno de los casos más recientes es el de un bebé de seis meses internado en el hospital Víctor J. Vilela, tras haber sido víctima de un presunto abuso sexual. Por el hecho fue aprehendido un hombre con quien la madre de la criatura mantiene una relación afectiva.
La secretaria de la Niñez, Adolescencia y Familia, Daniela León, confirmó que hechos como este “se dan muy a menudo” y expresó la gravedad del panorama. “Este es un caso específico de una criatura de 6 meses que presenta vulneración extrema. Es una tragedia, pero todas lo son. Hay 1.800 niños y niñas con medidas de protección excepcionales en la provincia”, dijo.
La funcionaria explicó que se trata de situaciones en las que se debe separar al niño o niña porque está en riesgo extremo, y admitió que la tarea es dolorosa: “Hay casos muy tristes, tenemos un nudo en el estómago todos los días”.
El procedimiento
El camarista y ex juez de Familia, Marcelo Molina, explicó cómo se desarrolla el proceso judicial cuando se toman este tipo de medidas. “Cuando la Dirección Provincial de Niñez toma conocimiento de una grave violación de derechos y no hay ningún adulto responsable que pueda hacerse cargo, puede disponer una medida de protección excepcional, que consiste en separar al niño de su grupo familiar, al menos de manera provisoria hasta evaluar la situación”, detalló.
Según indicó, toda medida debe ser informada al juez de Familia, quien controla su legalidad. “No siempre estos casos terminan en adopción: puede resolverse, por ejemplo, con la tutela de una abuela o de un hermano”, aclaró.
Molina recordó además que el Código Civil establece un plazo máximo de seis meses para definir una alternativa definitiva para el menor, ya sea la reunificación familiar o la adopción. “Una madre adolescente no implica necesariamente una situación de vulnerabilidad, pero un caso de abuso sí requiere una intervención urgente”, puntualizó.
El magistrado concluyó que la Dirección de Niñez interviene solo ante vulneraciones graves, pero que existen otros tipos de situaciones —como la falta de escolaridad o de atención médica— donde deben actuar otros organismos del Estado, como el Ministerio de Educación o los profesionales de la salud.
Estas medidas, aunque necesarias, dejan al descubierto la magnitud del desafío que enfrenta el sistema de protección infantil en Santa Fe, donde cientos de chicos crecen lejos de sus familias en busca de un entorno más seguro.
