|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Inspecciones oficiales revelaron consumos elevados en usuarios alcanzados por el beneficio. La Provincia dio de baja a más de 1.500 inscriptos y anunció la continuidad de los controles para preservar el sentido solidario del subsidio.
La detección de irregularidades en el uso de la Tarifa Social de la energía eléctrica encendió señales de alerta en la provincia de Santa Fe y abrió un debate sobre la responsabilidad ciudadana en el acceso a los subsidios estatales. En localidades como San José del Rincón y en la ciudad de Santa Fe, las inspecciones realizadas permitieron identificar casos que se apartan del objetivo original del beneficio, destinado a hogares en situación de vulnerabilidad.
De acuerdo a información oficial, el Gobierno provincial dio de baja a 1.506 usuarios inscriptos en la Tarifa Social que registraban consumos superiores a los 2.000 kilovatios, cuando el promedio provincial se ubica entre los 700 y 800 kilovatios. En algunos casos, los consumos alcanzaron los 7.000 kilovatios, lo que derivó en facturas de montos elevados que eran cubiertas casi en su totalidad por el Estado.
Las verificaciones realizadas en Rincón y en la capital santafesina detectaron viviendas de alto nivel ubicadas en barrios residenciales que accedían al subsidio pese a presentar consumos incompatibles con la condición socioeconómica requerida. Estas situaciones, señalaron desde el Ejecutivo, afectan tanto a la Empresa Provincial de la Energía como al principio de equidad que sustenta el régimen de Tarifa Social.
Desde el Gobierno provincial remarcaron que el beneficio tiene como finalidad acompañar a familias que atraviesan dificultades económicas y no subsidiar consumos excesivos o estilos de vida que pueden afrontar el costo pleno del servicio. En ese sentido, se reiteró el llamado a un uso responsable de los recursos públicos.
Asimismo, se confirmó que los controles continuarán y se profundizarán en San José del Rincón, con inspecciones permanentes y nuevas herramientas de monitoreo. El objetivo, indicaron, es corregir las irregularidades detectadas y garantizar que la Tarifa Social llegue efectivamente a quienes más la necesitan.
