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Profesionales de distintas disciplinas se movilizaron desde el Puente Colgante hasta la Plaza 25 de Mayo en el marco de una protesta nacional. Reclaman actualización de aranceles, pagos en tiempo y forma y la aplicación efectiva de la Ley de Emergencia para el sector.
En el marco del paro nacional que afecta al sector desde el lunes, prestadores de servicios para personas con discapacidad realizaron este miércoles una movilización en la ciudad de Santa Fe, que culminó frente a Casa de Gobierno, en la Plaza 25 de Mayo.
La caravana, que partió desde el Puente Colgante, reunió a psicopedagogos, terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, kinesiólogos y acompañantes terapéuticos, entre otros profesionales.
La medida forma parte de una protesta que se extenderá hasta el viernes 24 de octubre, en reclamo de la aplicación de la Ley de Emergencia para el sector y de mejoras urgentes en las condiciones laborales y de pago.
“Queremos que nos aumenten. Desde hace un año no recibimos incrementos y la situación se hace cada vez más complicada. Nuestros gastos diarios aumentan, pero nuestros ingresos siguen igual”, expresó una terapista ocupacional en declaraciones radiales.
Los trabajadores denunciaron que los valores de las prestaciones no se actualizan desde diciembre de 2024 y que los pocos incrementos otorgados en 2025 —de apenas 0,5 %— resultan insignificantes frente a la inflación. Además, señalaron que las obras sociales acumulan demoras de hasta un año en los pagos, mientras se reducen las sesiones autorizadas y se amplía la brecha entre los aranceles nacionales y los costos reales del trabajo.
“Actualmente cobramos alrededor de 12 mil pesos por sesión y los pagos se demoran hasta 90 días. Con IAPOS, por ejemplo, no tenemos respuestas desde agosto”, agregó otra profesional.
Los prestadores advirtieron que la falta de respuesta del Estado y las obras sociales pone en riesgo la continuidad de los tratamientos de miles de personas con discapacidad en todo el país. La jornada culminó con la lectura de un documento conjunto en el que exigieron la actualización inmediata de aranceles, el pago en tiempo y forma, y condiciones dignas para poder sostener su labor esencial.
