ORDENARON LA PRISIÓN PREVENTIVA DE LAS SIETE PERSONAS A LAS QUE SE INVESTIGA POR ESTAFAS INMOBILIARIAS EN LA COSTA Y ALREDEDORES

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Así lo resolvió el juez Sergio Carraro a partir de lo solicitado por la fiscal Bárbara Ilera en una audiencia realizada esta tarde en los tribunales de la capital provincial. Tanto los defensores de seis de los imputados como el séptimo integrante del grupo investigado –quien es abogado y asumió personalmente su defensa–, consintieron la medida cautelar requerida por la representante del MPA. A quienes quedaron privados de su libertad se les atribuyó haber integrado asociaciones ilícitas que, de acuerdo con la teoría fiscal, entre mediados de 2014 y el mes pasado defraudaron a alrededor de 100 víctimas por aproximadamente 1 millón de dólares. entre las que se encuentran estafados por comprar terrenos en Colastiné Norte y Arroyo Leyes.

Quedaron en prisión preventiva las siete personas que son investigadas por estafas inmobiliarias cometidas en la ciudad de Santa Fe y alrededores entre 2014 y el mes pasado. Así lo dispuso el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Sergio Carraro, en una audiencia realizada esta tarde en los tribunales de la capital provincial.

La fiscal que está a cargo de la investigación y solicitó que los imputados transiten el proceso judicial privados de su libertad es Bárbara Ilera, quien integra la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1.

Por su parte, tanto los defensores de seis de los imputados como el séptimo integrante del grupo investigado, cuyas iniciales son AES –quien es abogado y asumió personalmente su defensa–, adhirieron al requerimiento de la fiscal. Al respecto, Ilera explicó que «los abogados defensores consintieron las preventivas de los imputados en función del gran cúmulo de evidencias que presentamos», y aclaró que «los profesionales manifestaron que la decisión de no discutir las medidas cautelares no implica el reconocimiento de la responsabilidad penal».

En tanto, la fiscal indicó que «el juez consideró acreditadas la materialidad de los hechos ilícitos y la probable participación de las personas investigadas, contempló las penas en expectativa y analizó los peligros procesales». En tal sentido, remarcó que «el magistrado planteó que había riesgo de fuga y, fundamentalmente, posibilidades de entorpecimiento probatorio».

En cuanto al modo de ejecución de las preventivas, la fiscal informó que «a partir de lo que pedimos desde el MPA, se dispuso que seis hombres investigados continúen detenidos de forma ordinaria y que la séptima persona imputada –una mujer que está a cargo de cuidar a una familiar que posee una afección de salud–, lo haga bajo modalidad domiciliaria».

Nuevas denuncias

Luego de la audiencia, Ilera afirmó que «en las últimas dos semanas, se radicaron alrededor de 40 denuncias que se están procesando para dilucidar si corresponden a la misma maniobra, lo cual en principio parece que sí», y añadió que «si ello se confirma, se realizarán las ampliaciones imputativas correspondientes».

«En total, estamos investigando casi 100 estafas por medio de las cuáles las personas investigadas se habrían apoderado de aproximadamente 1 millón de dólares», especificó la fiscal. «El monto de las defraudaciones fue estimado a partir del cálculo actualizado por inflación del dinero que numerosas víctimas entregaron a los imputados con la intención de comprar inmuebles que ellos no estaban autorizados a ofertar, publicitar ni transferir», explicó.

Según recordó, «la investigación comenzó en 2022, cuando solicitamos la colaboración del Organismo de Investigaciones (OI) en función de la magnitud de los ilícitos denunciados en ese primer momento». Al respecto, valoró que «bajo las directivas de la Fiscalía, el personal del OI tomó declaraciones; concretó allanamientos; recabó elementos de prueba documental; hizo tareas de campo; utilizó las figuras de agente revelador digital y físico, e indagó conexiones en expedientes civiles, entre otras diligencias que permitieron esclarecer lo sucedido».

Organizadores y miembros

Las personas imputadas son el abogado de iniciales AES que asumió su defensa, quien tiene 47 años; su hermano, AMS, quien tiene 44 años y es corredor inmobiliario; un abogado de 49 años e iniciales JAC; un martillero público de 45 años, cuyas iniciales son DMP; un hombre de 68 años, de iniciales ADDM, quien está jubilado; la mujer que cumplirá la preventiva domiciliaria, quien es ama de casa, tiene 49 años y sus iniciales son MFG, y un comerciante de 36 años e iniciales ELC.

A los siete se les endilgó haber formado parte de asociaciones ilícitas que llevaban adelante maniobras fraudulentas para darle apariencia legal a la venta ilegítima de terrenos. De esa manera, comercializaron lotes ubicados en las ciudades de Santa Fe –tanto en la zona urbana como en Colastiné Norte–, Santo Tomé, y Sauce Viejo, y en la comuna de Arroyo Leyes.

Ilera refirió que «los imputados integraron una sola asociación ilícita que se mantuvo en el tiempo en forma constante e ininterrumpida, con diferentes conformaciones en sus miembros, desde mediados de 2014 hasta noviembre de 2021, cuando se subdividió». En ese sentido, manifestó que «hasta este año, el modus operandi se mantuvo idéntico en ambos grupos, uno organizado por el abogado de iniciales AES, quien tuvo ese rol desde un principio; y el otro coordinado por los hombres de iniciales ADDM y AMS, entre otras personas».

Documentación y sellos falsos

La representante del MPA indicó que «los imputados tenían un acuerdo para cometer delitos con el fin de simular que contaban con facultades para administrar y comercializar inmuebles de otras personas», y remarcó que «los legítimos propietarios en realidad no habían autorizado esas operaciones».

La fiscal afirmó que «la banda delictiva falsificaba boletos de compraventa y cesiones de derechos», y añadió que «insertaba declaraciones falsas en instrumentos privados y públicos, como otorgamiento de poderes». Explicitó que «además utilizaban formularios y sellos apócrifos de organismos oficiales».

Según resaltó, «la documentación falsificada luego era presentada por los profesionales del derecho para iniciar juicios ordinarios o de escrituración ante los Juzgados Civiles y Comerciales de la ciudad de Santa Fe». Al respecto, señaló que «lograron defraudar a diferentes magistrados que confiaron en la veracidad de los documentos y ordenaron sentencias que revistieron de legalidad las maniobras delictivas».

En tanto, Ilera sostuvo que «los imputados ofrecieron a la venta una innumerable cantidad de lotes ajenos que publicitaron por distintos medios, fundamentalmente por perfiles con diferentes nombres de fantasía en redes sociales».

«Las víctimas eran convocadas a los domicilios de la capital provincial en los que funcionaba la sede comercial: Seguí al 1.700; 4 de Enero al 1.000; boulevard Pellegrini al 2.800; Juan de Garay al 2.900; 9 de Julio al 1.200; Hipólito Irigoyen al 2.900, y una torre ubicada en la zona del Dique 2 del puerto», enumeró la fiscal.

«Cuando las personas interesadas en adquirir un terreno acudían a alguna de las oficinas indicadas, se les exhibían planos y documentos y se les ofrecían planes de pago y financiaciones competitivas en el mercado para convencerlas sobre la conveniencia y licitud del negocio», destacó la representante del MPA.

Delitos

El delito de asociación ilícita se les atribuyó a las siete personas imputadas. Al hombre de iniciales AES como organizador; a JAC y DPM, en carácter de organizadores y miembros, y a los demás investigados, sólo en calidad de miembros.

A su vez, los siete son investigados por estafa. El comerciante, como partícipe principal; y el resto, como coautores, autores y partícipes principales de diferentes hechos. Por otro lado, a los dos abogados, al corredor inmobiliario, al martillero público y a la mujer imputada se les atribuyó la coautoría de estafa procesal.

A los hombres de iniciales AES, JAC y ADDM también se los investiga como autores y coautores de ejercicio ilegal del corretaje inmobiliario.

Los dos abogados fueron imputados como coautores de falsificación de documento público. Además, como coautores de falsificación de documento privado y falsificación de sellos oficiales y timbrados, lo cual también se les atribuyó al corredor inmobiliario, el martillero público y la mujer investigada.

Por su parte, a los hombres de iniciales ADDM y DMP se los investiga como partícipes principales de falsedad ideológica.

Por último, en función de dos pistolas semiautomáticas que fueron halladas en el marco de allanamientos, al abogado de 47 años, al hombre jubilado y al comerciante se los imputó por la coautoría de tenencia ilegítima de arma de fuego de guerra.

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