IMPUTARON A SIETE PERSONAS A LAS QUE SE INVESTIGA POR ESTAFAS INMOBILIARIAS COMETIDAS EN ARROYO LEYES SANTA FE Y ALREDEDORES

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Las atribuciones delictivas fueron realizadas por las fiscales Bárbara Ilera y María Laura Urquiza en una audiencia realizada ayer a la tarde en los tribunales de la capital provincial. Los investigados son dos abogados, un corredor inmobiliario, un martillero público, un jubilado, una ama de casa y un comerciante. Se les atribuyó haber integrado asociaciones ilícitas que entre mediados de 2014 y el mes pasado falsificaron documentos públicos y privados para darle apariencia legal a la venta de terrenos que no estaban autorizados a ofertar, publicitar ni transferir.

Siete personas fueron imputadas en el marco de un legajo en el que se investigan estafas inmobiliarias cometidas entre 2014 y el mes pasado en la ciudad de Santa Fe y alrededores. Las atribuciones delictivas fueron realizadas por las fiscales de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1, Bárbara Ilera y María Laura Urquiza, ante el juez Lisandro Aguirre, en una audiencia desarrollada esta tarde en los tribunales de la capital provincial.

A los investigados se les endilgó haber formado parte de asociaciones ilícitas que llevaban adelante maniobras fraudulentas para darle apariencia legal a la venta de terrenos que no estaban autorizados a ofertar, publicitar ni transferir. Se trató de lotes ubicados en las ciudades de Santa Fe –tanto en la zona urbana como en Colastiné Norte–, Santo Tomé, y Sauce Viejo, y en la comuna de Arroyo Leyes.

Las personas imputadas son un abogado de 47 años, cuyas iniciales son AES; su hermano, AMS, quien tiene 44 años y es corredor inmobiliario; un abogado de 49 años e iniciales JAC; un martillero público de 45 años, cuyas iniciales son DMP; un hombre de 68 años, de iniciales ADDM, quien está jubilado; una mujer que es ama de casa, tiene 49 años y sus iniciales son MFG, y un comerciante de 36 años e iniciales ELC.

Ilera precisó que «los seis hombres y la mujer investigados están detenidos desde el viernes 23 de agosto pasado y permanecerán privados de su libertad al menos por 15 días más», y agregó que «solicitamos la prórroga de 15 días más que autoriza el Código Procesal Penal para el tratamiento de las medidas cautelares, en función de la complejidad de la investigación y de la necesidad de seguir implementando medidas y diligencias que aún restan llevarse a cabo».

Organizadores y miembros
Ilera refirió que «los imputados integraron una sola asociación ilícita que se mantuvo en el tiempo en forma constante e ininterrumpida, con diferentes conformaciones en sus miembros, desde mediados de 2014 hasta noviembre de 2021, cuando se subdividió». En tal sentido, manifestó que «hasta este año, el modus operandi se mantuvo idéntico en ambos grupos, uno organizado por el abogado de iniciales AES, quien tuvo ese rol desde un principio; y el otro coordinado por los hombres de iniciales ADDM y AMS, entre otras personas».

«De acuerdo con la imputación que realizamos, durante la última década las asociaciones ilícitas que investigamos se apoderaron ilegítimamente de cifras millonarias”.

Documentación falsificada
La representante del MPA indicó que «los imputados tenían un acuerdo para cometer delitos con el fin de simular que contaban con facultades para administrar y comercializar inmuebles de otras personas», y remarcó que «los legítimos propietarios en realidad no habían autorizado esas operaciones».

La fiscal afirmó que «la banda delictiva falsificaba boletos de compraventa y cesiones de derechos», y añadió que «insertaba declaraciones falsas en instrumentos privados y públicos, como otorgamiento de poderes». Explicitó que «además utilizaban formularios y sellos apócrifos de organismos oficiales».

Según resaltó, «la documentación falsificada luego era presentada por los profesionales del derecho para iniciar juicios ordinarios o de escrituración ante los Juzgados Civiles y Comerciales de la ciudad de Santa Fe». Al respecto, señaló que «lograron defraudar a diferentes magistrados que confiaron en la veracidad de los documentos y ordenaron sentencias que revistieron de legalidad las maniobras delictivas».

En tanto, Ilera sostuvo que «los imputados ofrecieron a la venta una innumerable cantidad de lotes ajenos que publicitaron por distintos medios, fundamentalmente por perfiles con diferentes nombres de fantasía en redes sociales».

«Las víctimas eran convocadas a los domicilios de la capital provincial en los que funcionaba la sede comercial: Seguí al 1.700; 4 de Enero al 1.000; boulevard Pellegrini al 2.800; Juan de Garay al 2.900; 9 de Julio al 1.200; Hipólito Irigoyen al 2.900, y una torre ubicada en la zona del Dique 2 del puerto», enumeró la fiscal.

«Cuando las personas interesadas en adquirir un terreno acudían a alguna de las oficinas indicadas, se les exhibían planos y documentos y se les ofrecían planes de pago y financiaciones competitivas en el mercado para convencerlas sobre la conveniencia y licitud del negocio», destacó la representante del MPA.

Delitos
El delito de asociación ilícita se les atribuyó a las siete personas imputadas. Al hombre de iniciales AES como organizador; a JAC y DPM, en carácter de organizadores y miembros, y a los demás investigados, sólo en calidad de miembros.

A su vez, los siete son investigados por estafa. El comerciante, como partícipe principal; y el resto, como coautores, autores y partícipes principales de diferentes hechos. Por otro lado, a los dos abogados, al corredor inmobiliario, al martillero público y a la mujer imputada se les atribuyó la coautoría de estafa procesal.

A los hombres de iniciales AES, JAC y ADDM también se los investiga como autores y coautores de ejercicio ilegal del corretaje inmobiliario.

Los dos abogados fueron imputados como coautores de falsificación de documento público. Además, como coautores de falsificación de documento privado y falsificación de sellos oficiales y timbrados, lo cual también se les atribuyó al corredor inmobiliario, el martillero público y la mujer investigado.

Por su parte, a los hombres de iniciales ADDM y DMP se los investiga como partícipes principales de falsedad ideológica.

Por último, en función de dos pistolas semiautomáticas que fueron halladas en el marco de allanamientos, al abogado de 47 años, al hombre jubilado y al comerciante se los imputó por la coautoría de tenencia ilegítima de arma de fuego de guerra.

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