El caso del senador provincial por el departamento San Lorenzo, Armando «Pipi» Traferri, presuntamente vinculado a un entramado de juego clandestino que raya con el delito, deja en evidencia los acuerdos preexistentes entre este grupo de senadores del PJ y el de los senadores del FCyS integrado por socialistas y radicales, conducidos por Miguel Lifschitz.
El poder de estos senadores que excluye solo a cuatro de las bancadas del PJ; dos de los distritos más importantes de la provincia, La Capital y Rosario; y a los de los departamentos Castellanos y Garay, expresa claramente en la votación del «no al desafuero», la convivencia de intereses, mínimamente políticos, entre el socialismo y los que podían ser investigados, empezando por Traferri.
En doce años de gobierno socialista, estos senadores se transformaron en la ventanilla de gestión ante el poder ejecutivo de muchos intendentes y presidentes comunales opositores al gobierno. De esta forma eran disciplinados, mediante la gestión y acceso a fondos públicos o el otorgamiento de subsidios a instituciones en sus distritos.
Si bien hoy lo siguen haciendo con algunas instituciones, desde la llegada al gobierno del peronismo, en la figura de Omar Perotti, los intendentes y presidentes comunales, ya no necesitan de sus servicios en la manera en que estaba armado este tramado, porque hoy el peronismo es gobierno.
El tirar la tierra debajo de la alfombra, seguramente les ha servido para evadir de esta forma a la justicia, pero no se sabe cuál será la reacción de la sociedad santafesina ante estos acontecimientos. La alfombra no se ve Lisa y deja entrever que debajo, se esconden cosas vinculadas al juego y al narcotráfi
