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Tras la imputación de golpes y amenazas contra su esposa e hija, se le ordenó a un hombre oriundo de Colastiné Norte, identificado como Gustavo Alejandro R., mudarse a otra provincia, previo acuerdo de las partes.
Este miércoles se llevó adelante una audiencia imputativa donde fue acusado formalmente un hombre, identificado como Gustavo Alejandro R., (56) por haber golpeado e intimado a su esposa y a su hija para que se vayan de su casa en zona de Colastiné Norte. En la misma, se resolvió que el acusado salga en libertad bajo una serie de medidas alternativas, entre ellas tendrá que mudarse a la localidad de San Francisco, a 140 kilómetros de Santa Fe.
La imputación se dio en el marco de una audiencia que tuvo lugar en sala 2 del subsuelo de tribunales y fue presidida por el juez penal Sergio Carraro. La misma estuvo a cargo del fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Carlos Lacuadra, quién le atribuyó al padre de familia «agredir físicamente y amenazar con dichos e insultos a las víctimas del caso».
En base a tales hechos, el fiscal lo acusó como autor de «amenazas coactivas”. Tras ser imputado, el acusado, estuvo asistido por la defensora pública Gisela Marisel Alemandri, se abstuvo a prestar declaración ante el magistrado de primera instancia. Según indicó Lacuadra, el hecho ocurrió el 7 de febrero alrededor de las 19 horas, en la vivienda de Garabatos y Los Ñandubay del barrio de Colastiné Norte. En ese entonces, según reveló la investigación, el acusado amenazó a su pareja y a la hija que ambos tienen en común de echarlas si lo denunciaban por los episodios de violencia que ocurrieron en la vivienda.
Luego la joven llamó a la central 911 y fue hasta la comisaría para radicar una denuncia contra su padre “por la situación de violencia que sufre su madre». Sin embargo, la víctima la llamó para que no la hiciera. Según fuentes judiciales, quien habría elevado el llamado fue el pastor de una Iglesia Adventista que se encuentra en las inmediaciones del domicilio.
Tras la imputación, Alemadri solicitó que su defendido recupere la libertad bajo medidas alternativas que deberá cumplir. Entre esas medidas, la defensora pidió al juez Carraro que Gustavo Alejandro R., cumpla una medida de distancia no menor a 500 metros y tener prohibido establecer contacto de todo tipo con las víctimas.
No obstante, otras de las medidas que propuso la defensora fue la de que su asistido tenga que mudarse a la localidad de San Francisco, en el límite interprovincial con Santa Fe. Asimismo tendrá que asistir cada 30 días ante las autoridades de la localidad cordobesa para firmar. Es que en esa ciudad vive junto a su madre quien le recibirá para cumplir la medida cautelar. A raíz de los planteos y el acuerdo al que llegaron ambas partes, Sergio Carrraro, le explicó al acusado que deberá respetar las normas que le fueron impuestas para no volver a recaer en una instancia penal.