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El proyecto de ley presentado por les diputades del Frente de Todos, Juan Carlos Alderete y Verónica Caliva, desató el debate. «Incorpórase al Calendario Nacional de Vacunación, con carácter gratuito y obligatorio, el esquema completo de vacunación contra el SARS CoV-2 para todas las personas mayores de 18 años que habitan la República Argentina de acuerdo a las prioridades y programas fijados por el Ministerio de Salud de la Nación», sostiene en su primer artículo la iniciativa que, si bien es respaldada por otros legisladores del oficialismo, no cuenta ni con el apoyo de todo el bloque ni con el de Casa Rosada.
Sin embargo, desde el Gobierno nacional aseguran que el tema no está en agenda. «La obligatoriedad de las vacunas no forma parte de la agenda del Ejecutivo como tampoco de la del bloque oficialista en el Congreso», aclaró, tajante, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti.
Tras la consulta de Veo Noticias, el abogado Néstor Oroño, explicó «hay quienes dicen que puede cercenar la libertad de las personas, entiendo que el límite de la obligatoriedad está dada en establecer ciertas consecuencias razonables para quienes incumplan, por ejemplo, un plan de vacunación fijado por el Estado. No sólo en materia de Covid-19 sino también sabemos que la vacuna es obligatoria para los niños, hay un plan, una ley nacional que regula los planes vacunatorios y en ese marco creo que no hay ningún problema para que el Estado regule e imponga sanciones sin compelir a las personas».
Respecto a los argumentos de quienes se oponen a la inoculación sobre que la ley atentaría con la libertad de las personas, Oroño manifestó que «la libertad es uno de los derechos más importante consagrados pero sabemos que no es absoluta, el Estado bajo determinadas condiciones puede limitar o hasta restringir la libertad. Ningún derecho es absoluto, lo que el Estado puede es regularlos, puede delimitarlos de manera razonable».
