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La Justicia dictó prisión preventiva para 13 personas y otras tres siguen bajo investigación. Se identificaron dos grupos: uno operaba desde la cárcel de Coronda y también distribuía drogas en Alto Verde, mientras que el otro abastecía a internos que revendían en los penales.
Trece personas, de entre 20 y 50 años, quedaron en prisión preventiva en el marco de una investigación por venta de drogas en la cárcel federal de Coronda y en el complejo penitenciario Las Flores, en la ciudad de Santa Fe.
La Fiscalía comprobó que los sospechosos actuaban en dos grupos independientes: uno de ellos constituía una asociación ilícita que, además de abastecer a los penales, también comercializaba estupefacientes en el barrio santafesino de Alto Verde.
El fiscal Ezequiel Hernández y la fiscal María Laura Urquiza, de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos, solicitaron las medidas cautelares en tres audiencias realizadas en los tribunales de la capital provincial.
“Cinco de los imputados deberán cumplir la preventiva en forma domiciliaria, mientras que los demás lo harán en establecimientos penitenciarios. Algunos ya estaban privados de libertad por otras causas”, explicaron. Además, adelantaron que en las próximas semanas se definirán las medidas para otros tres involucrados.
De las 16 personas investigadas, 11 integraban una asociación ilícita liderada por un interno de Coronda, identificado como JPC, quien desde prisión organizaba el ingreso de drogas y coordinaba su distribución en Las Flores y otros puntos de Santa Fe. Su pareja, una hija y allegados continuaban la operatoria en Alto Verde.
El otro grupo estaba conformado por dos mujeres que proveían estupefacientes de forma gratuita a internos de Coronda para que los comercializaran al menudeo. A un familiar de ellos también se le secuestraron casi 500 gramos de marihuana.
Durante la investigación se realizaron 12 allanamientos y requisas en ambos penales, donde se incautaron cocaína, marihuana fraccionada en envoltorios para burlar controles, elementos de corte y embalaje, una escopeta recortada calibre 12, municiones y dinero en efectivo.
Las imputaciones incluyen asociación ilícita, comercio de estupefacientes en lugares de detención, entrega gratuita de drogas y tenencia de armas de fuego. Los fiscales remarcaron que la causa se enmarca en los Objetivos Priorizados del Plan de Persecución Penal de la Fiscalía General y destacaron el trabajo del Equipo de Microtráfico, que coordinó las tareas de análisis criminal.
