|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
El Juzgado de San Martín hizo lugar a una medida cautelar presentada por el sindicato y ordenó al Gobierno suspender la aplicación del decreto presidencial. El fallo protege la estabilidad laboral y refuerza la lucha gremial contra el cierre del organismo.
La Justicia Federal de San Martín suspendió este jueves la aplicación del Decreto 461/2025, que ordenaba la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), tras hacer lugar a una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional – Casa Central (SEVINA).
La medida ordena al Estado Nacional abstenerse de ejecutar actos administrativos vinculados al cierre del organismo, incluyendo traslados, cesantías, reubicaciones y cualquier supresión de estructuras.
El fallo constituye un freno al intento del Poder Ejecutivo de avanzar sobre una entidad que cuenta con autonomía jurídica y financiera, y cuya actividad se rige por convenios colectivos que, según la resolución judicial, no pueden ser modificados de forma unilateral sin violar derechos constitucionales e internacionales.
SEVINA celebró la decisión como “un respaldo legal a la lucha gremial y sindical en defensa de la estabilidad laboral y la continuidad institucional de Vialidad Nacional”. En la provincia de Santa Fe, la medida representa un alivio para 214 trabajadores que, hasta ahora, desconocían cuál sería su futuro inmediato.
Pablo Nasime, delegado gremial en esa jurisdicción, explicó que “las tareas se siguen haciendo con normalidad” y que ninguno de los empleados había sido notificado formalmente sobre ceses o traslados. Según detalló, el intento del gobierno incluía el pase a una especie de bolsa de trabajo por un año, que en la práctica “es prácticamente quedarte sin trabajo, pero te lo disfrazan”, comparándolo con lo ocurrido en la década del ’90.
Con esta resolución judicial favorable, el sindicato anticipó que buscará ahora respaldo legislativo para que el Congreso Nacional rechace el decreto en la comisión bicameral, lo que implicaría un revés institucional para la medida impulsada por el Ejecutivo.







