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El presidente Javier Milei volvió a embestir ayer contra la UBA y vertió durísimas palabras durante una entrevista en la que volvió a poner en eje la necesidad de auditar el gasto en las universidades. “Los vamos a auditar. Los chorros no van a tener paz en la Argentina porque el que las hace las paga”, sostuvo el jefe de Estado.
Además, Milei aseguró: “Voy a ir a buscar los chorros hasta el último rincón de la Argentina y los voy a meter presos. Se acabó el curro en la Argentina; se acabaron las castas”.
El Presidente aclaró en radio Mitre que “nunca se quiso privatizar” ninguna universidad pública y que “nunca puso en consideración el arancelamiento”, dos aspectos que fueron agitados desde el frente universitario durante las tomas a lo largo y ancho del país.
La reacción de Milei fue la respuesta a la presentación que realizó la UBA ante la Justicia, que según explican tiene como objetivo defender la autonomía universitaria e impedir que el Poder Ejecutivo tenga injerencia en las casas de estudios a través de la Sigen (Sindicatura General de la Nación). En dicha presentación, la Universidad de Buenos Aires señaló que el órgano correspondiente para auditarla es la Auditoría General de la Nación (AGN), organismo que tiene pendiente su conformación.
Días atrás la Sigen emitió un documento en el que se explicita que “no hay colisión entre la autonomía y autarquía universitaria y la competencia de control de Sigen en ámbito de las universidades nacionales”.
El órgano de control está a cargo de Miguel Blanco. La Sigen tiene convenios firmados con muchas universidades para la realización de auditorías. Particularmente la UBA no lo tiene.
En Casa Rosada están a la espera de lo que defina la Justicia. Todavía no hay certezas sobre si la Justicia le dará o no lugar a la presentación de la UBA. Pese a ello, advierten que en caso de que la presentación prospere apelarán y utilizarán todas las herramientas de que disponen para que la UBA sea auditada por la Sigen.
En la misma línea que el documento de la Sindicatura se expresó el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro “Galleguito” Alvarez, quien dijo que “en 2011 la Sigen hizo una auditoría completa sobre la emisión de títulos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. No hubo ningún planteo de nada”. Además, destacó que “en 2007 hizo una completa revisión, una completa revisión de auditoría y tampoco hubo ningún problema”.
De esa manera, el funcionario de Capital Humano planteó que hay antecedentes y que por lo tanto el rechazo de la UBA a ser auditada es infundado.
Álvarez rechazó los argumentos presentados por la UBA: “Si fuera así (lo que dice la UBA), como dice ese texto, no hubiera sido necesario un dictamen de Zannini. Necesitaron un dictamen de Zannini, torciendo la ley para poder evitar algo que venía ocurriendo. Naturalmente, la Sigen tiene un área que ahora la reactivamos”, explicó el funcionario.
En esa misma línea agregó que la Sigen “tenía todo un área de especialistas dedicados al área universidades, porque se dedicó siempre a la auditoría, a las universidades. Es un doble control porque son dos poderes del Estado distintos”.
En el Gobierno pretenden que la auditoría ponga énfasis en la desviación de fondos, y las contrataciones que les realizan a las universidades, como por ejemplo los sondeos de opinión pública.
La Sigen envió a la UBA el martes pasado a través de un GDE la notificación para que designe un representante en la auditoría. Tampoco respondió el correo del jueves pasado con el mismo pedido.
Si bien circuló que la primera universidad que iba a ser auditada sería la de La Matanza, todavía no hubo avances.
Desde el Ministerio de Capital Humano emitieron un comunicado invocando la Ley N° 24.521 de Educación Superior en la que se sostiene que “se buscó garantizar la regularidad financiera y la legalidad de los procedimientos para la utilización de recursos públicos”.
Además, la comunicación señala que los funcionarios tienen la “obligación de rendir cuentas de su gestión”.
La UBA le pide a la Justicia no ser auditada por la Sigen
La Universidad de Buenos Aires emitió un comunicado y avisó que irá a la Justicia para evitar que el Poder Ejecutivo violente la autonomía universitaria a través de la Sigen, organismo que depende del PEN.
“Al Poder Ejecutivo no le falta información acerca del uso que hace la Universidad de su presupuesto. La UBA le envía, todos los meses, toda la información disponible. Lo que el Ejecutivo quiere “controlar” es qué se enseña en la universidad”, sostiene el comunicado de la casa de estudio.
Según pudo saber PERFIL, en la UBA sostienen que “es un tema legal, que no frena la auditoría, sino que se frena que sea el Ejecutivo vía la Sigen el que lleve a cabo el procedimiento”. La Sigen está a cargo de Miguel Blanco, quien es designado por el Presidente.
A su vez, agregaron que “el cuerpo jurídico de la UBA, basándose en la Constitución y en las leyes, evalúa que no corresponde” la auditoría por parte de la Sigen. En el comunicado, la UBA sostiene que la AGN y el Congreso son los ámbitos adecuados de control.
Por su parte, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, sostuvo que “la UBA inició un proceso de licitación para que una firma privada nacional o internacional realice, además de la AGN, las auditorías internas”. El exdiputado de la UCR señaló que “la UBA le pidió a la Justicia una declaración de certeza para dejar claro si eso corresponde o no, en virtud de que, según toda la jurisprudencia, es a la Auditoría General de la Nación a la que le corresponde dicha tarea. Se trata de preservar la libertad de enseñar y aprender y de tentaciones autoritarias y populistas”, remató Yacobitti.
