YA NO HAY LUGAR PARA LOS DERECHOS HUMANOS EN LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA FEDERAL

En el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina (IUPFA) ya no hay lugar para docentes formados en el modelo de seguridad democrático o con militancia en organismos de derechos humanos. Veintiún profesores y profesoras fueron despedidos a mitad de cuatrimestre con la excusa de que hay un cambio de paradigma en marcha impulsado desde el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron que se trata de una persecución ideológica y le reclamaron al jefe de la PFA, Luis Alejandro Rollé –que había quedado en el ojo de la tormenta después de que una nena de diez años fue gaseada en una marcha en Congreso–, que deje sin efecto la decisión.

El 14 de octubre, 21 docentes recibieron la notificación de que ya no seguirían dando clases en el IUPFA. Muchos de ellos llevaban más de diez años en esa institución. Todos eran herederos, de alguna manera, del proceso que se inició hacia finales de 2010 con la creación del Ministerio de Seguridad y la decisión de Nilda Garré de que la formación de los agentes no podía quedar únicamente en manos de las propias fuerzas.

Los despedidos eran parte del plantel docente de la licenciatura en Seguridad Ciudadana, creada por Garré. Todos tenían contratos hasta el 31 de diciembre, pero en la cúpula de la PFA evidentemente primó la lectura de que había que dar un mensaje rápido de ruptura. “Se ve que no se aguantaron hasta fin de año”, dice uno de los desvinculados.

Lo que tienen en común los docentes despedidos es que ocuparon algún cargo durante las gestiones del kirchnerismo o que tienen militancia en derechos humanos. De hecho, dos de las docentes echadas son parte del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Una de ellas está embarazada. Nada de eso importó a la hora de firmar las desvinculaciones –ni siquiera la posibilidad de afrontar juicios laborales.

Los rumores de que se podrían producir despidos comenzaron hacia finales de septiembre. El 12 de septiembre, hubo una reunión del consejo académico del IUPFA –que tuvo casi un carácter secreto– en el que se habló de cerrar la carrera de Seguridad Ciudadana y de no renovar contratos.

Según el acta de la reunión, el rector del IUPFA, el comisario mayor retirado Oscar Gutiérrez, marcó que estaba en marcha un cambio de paradigma. “Remarca, precisamente, las diferencias con el enfoque anterior basado en estrategias de prevención social de la violencia y el delito en carácter comunitario y local. En dicho orden de ideas, deviene necesario potenciar las ofertas académicas ligadas al citado objetivo”, puede leerse en la minuta.

El 23 de septiembre, Gutiérrez escribió una resolución con los nombres de las personas que iban a quedarse sin trabajo en mitad del cuatrimestre. “Es necesario adecuar los perfiles de los docentes que integran esta Casa de Altos Estudios, quienes deben estar enfocados y capacitados sobre la investigación criminal, conforme a la política y lineamientos de formación que establece el Ministerio de Seguridad de la Nación para las fuerzas de seguridad”, afirmó.

“Para lograr tal meta –continuó el rector– se efectuó un amplio y pormenorizado análisis de todos los docentes que integran el plantel académico, pudiéndose determinar que entre ellos hay muchos que no cuentan con la debida experiencia, formación y perfil en materia de investigación criminal y crimen complejo”.

En síntesis, el argumento que daban desde la cúpula del IUPFA era que supuestamente esos docentes no podrían formar a los estudiantes en cuestiones vinculadas a la investigación criminal –pese a que muchos de ellos tienen la expertise o las competencias necesarias.

Es también curioso que el rector diga que se revisaron los currículums de todos los docentes. Es una práctica que no era especialmente común, sobre todo si se tiene en cuenta que Isabel Correa –conocida como “Isabelita” en el Cuerpo de Informaciones de la PFA– siguió dando clases allí hasta un día después de que Página/12 publicó que había estado infiltrada en Madres de Plaza de Mayo durante la última dictadura. Lo más sugestivo es que el Ministerio de Seguridad había denunciado su caso en 2013.

Según pudo saber este diario, hay casos de docentes a quienes les dijeron que no los podían echar pero que no los quieren frente a un curso. Hubo también una designación de un nuevo coordinador para la carrera de Seguridad Ciudadana, pese a la decisión de no abrir una nueva cohorte y de terminar con las que están en curso únicamente.

ATE le envió una carta documento al jefe de la PFA, Rollé, en la que decía que la resolución que deja sin efecto la contratación de 21 docentes es manifiestamente ilegal e improcedente. “La verdadera motivación y causa de las bajas mencionadas se fundan en una persecución ideológica y política a los/as docentes afectados/as, en tanto estuvieron comprometidos con la consolidación de una política de seguridad democrática y en respeto de los derechos humanos, teniendo actualmente militancia activa en organismos de derechos humanos críticos del accionar de las fuerzas en esta gestión de gobierno”, dice la notificación que lleva la firma de Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital.

Rollé llegó a la cúpula de la PFA por impulso de Nicolás Posse, el jefe de gabinete que salió expulsado del gobierno de Javier Milei entre versiones de espionaje interno y que tenía una sórdida pelea con la propia Bullrich por el manejo de la inteligencia. Hay quienes entienden que Rollé no es hombre de la ministra y que tiene cierto juego autónomo –estimulado por la decisión de Bullrich de darle todo el poder a las fuerzas de seguridad.

Poseedor de un título de abogado, Rollé no parece cultivar el bajo perfil. Desde junio tiene una cuenta de Instagram en la que resalta sus logros en la conducción de la PFA y postea fotos con la ministra.

El jefe de la PFA terminó envuelto en un escándalo en septiembre pasado después de que un efectivo de esa fuerza gaseara a Fabrizia, que había ido a una marcha en favor de los jubilados con su mamá. En La Nación+ y TN le atribuyeron a Rollé haber distribuido un video falso para instalar la versión de que la nena había sido atacada por una mujer que participaba de la manifestación o que estaba vinculada a grupos de rescatistas o de derechos humanos. Después de que quedara en evidencia la operación, Bullrich dijo que iban a evaluar la situación de Rollé. Sin embargo, pasó el tiempo y él continuó en su cargo mientras la ministra insistía en que iba a aportar a los tribunales una nueva filmación. 

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