ANTE LAS AMENAZAS, LA PROVINCIA DICE QUE NO CEDERÁ EN LA PRESIÓN SOBRE LAS CÁRCELES

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El gobierno provincial señala que frente a la sucesión de amenazas al gobernador Maximiliano Pullaro no tiene más alternativa que incrementar la presión sobre las cárceles. Aduce que las acciones de inteligencia, la actividad de las fiscalías y el análisis de los hechos indican que la reiteración de intimidaciones no tiene otro motivo que no provenga de la restitución del régimen especial para presos de alto perfil en las prisiones. La idea que mueve al área de Seguridad es que con estas réplicas en la calle, que incluyen delitos de sangre y mensajes hostiles, los grupos criminales están poniendo a prueba la reacción estatal.

«Lo que tenemos en claro nosotros es que es impensable un escenario en el que retrocedamos o siquiera nos estanquemos. Si nos quedamos a mitad de camino daremos una pésima señal. Si la reacción persiste no hay otro camino que ser más duro. Hoy tenemos las condiciones fácticas y políticas para hacerlo», indicaron a La Capital desde la Casa Gris.

La última reacción que desliza un recado hacia el gobernador está en el homicidio ocurrido este lunes en un taller mecánico de Seguí e Iriondo en Rosario. En el gobierno entienden que toda la escalada es un efecto de la entrada fuerte que tuvieron desde el primer día de gestión en las cárceles. Alegan que la reacción fue lineal e indudable y que también pudieron medirlo por investigaciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Los rebotes violentos surgieron tras la relocalización de reclusos de alto perfil o de sus segundas líneas, de requisas integrales completas hasta tres veces por día por pabellón, cambios en los regímenes de contacto con las visitas y control de las comunicaciones.

Las reiteraciones de amenazas que hicieron que el gobernador sacara a su familia de la provincia y se reforzaran los esquemas de custodia eran, según el gobierno provincial, algo esperado desde antes de la asunción. Frente a eso dicen que responderán con las herramientas normativas de un régimen penitenciario nuevo. La última medida es la implementación de uniformes para la población penitenciaria que facilite la segmentación de internos para su mejor control e identificación. Aducen que todavía hay márgenes legales para crecer en la aplicación de mayor rigor y endurecer aún más las condiciones de detención. «Si la réplica sigue se redoblará la apuesta de bloquear, aislar, inhibir hasta contener las reacciones. Si escala la respuesta es objetivamente imposible volver atrás porque las órdenes estarán dadas y desactivarlas sería una muestra de debilidad», dicen.

¿Se puede generar, con estas acciones, una pulseada que tenga como teatro la calle? ¿Qué pasa si la violencia recrudece? Según el gobierno la acción en cárceles va acompañada de un cambio en operativos policiales sectorizados sobre los grupos conectados a presos que tienen peso en organizaciones delictivas y con los lugares que tienen según el análisis criminal más preponderancia violenta de manera de moderar esa posibilidad. El gobierno dice que la entrada de la gestión en cárceles fue muy fuerte y que la reacción resultó lineal. Pero que también hay respuestas consideradas valiosas a esas acciones. «Ningún dirigente opositor de peso está cuestionando el rumbo. No recordamos haber visto eso antes», alegan.

Sin embargo afirman que no pasó tiempo como para medir el estado del delito o la violencia urbana. Y que luego de este momento donde dicen estar recomponiendo la operatividad policial vendrán intervenciones sociales estables en especial en territorios más frágiles, a través del Plan Abre y de operativos donde actúan distintos niveles del Estado. Anuncian que comenzarán a partir de febrero.

Hay una crítica esbozada contra el gobierno provincial respecto de la exaltación publicitaria de un modelo de gestión duro con el delito para capturar adhesiones políticas en una comunidad muy golpeada hace diez años por la violencia urbana. En el gobierno responden que efectivamente elevaron el perfil comunicacional sobre las acciones en el campo de la seguridad. «Lo hicimos contra la idea de un Estado en letargo, bobo e ineficiente. El Estado está reclamando con esto una centralidad en la autoridad que se basa en la legalidad y que no se la va a ceder a nadie. No es una sobreactuación, creemos que es un mensaje que se dejó de lado, con malas consecuencias».

El gobierno y el MPA

Desde el Poder Ejecutivo provincial dicen estar complacidos con los niveles de cooperación entre las áreas de Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) que es el ámbito donde funcionan las fiscalías. Un mes antes de asumir Pullaro había sido muy crítico hacia la Fiscalía Regional de Rosario a la que criticó por escasa actividad tras el asesinato en el Hospital Provincial del policía Leoncio Bermúdez. Esa situación mereció un debate entre gobernador electo y la Fiscalía de Rosario pero hoy esa situación, desde la Casa Gris, se considera superada. Allí afirman que en la actual feria judicial de enero hay cuatro veces en funciones la cantidad de fiscales que hubo en el mismo período de 2023. Afirman que el mismo Poder Judicial fijó audiencia de juicio oral para febrero e interpretan que es una respuesta positiva al anuncio de abolir la feria judicial de enero para el fuero penal provincial. Ponderan también como valioso que todos los fiscales acudan durante sus turnos sin excepciones a las escenas de los hechos y a los procedimientos. Reivindican la capacidad de conciliar estrategias comunes con la fiscal general María Cecilia Vranicich para la persecución.

La operatividad policial

Otro planteo alentador para el gobierno es la respuesta policial que también hace imposible que se flexibilice el rumbo planteado. «Así como en las cárceles disminuir los controles es imposible lo mismo pasará en la calle porque el seguimiento de la actividad policial cambió». Afirman que hasta el 10 de diciembre se hacía análisis criminal pero que los números surgidos no se volcaban a la operatividad. Es decir que no se diagramaba acción policial en virtud de las cifras del delito. Alegan que hoy eso cambió y que todas las semanas empiezan con un supervisor poniendo sobre la mesa al referente policial de cada zona la actividad de la semana anterior de parte de la Secretaría de Seguridad. Plantean que aunque es incipiente para evaluar resultados eso se tradujo en un alza de armas de fuego incautadas, de más secuestros de personas con cables robados y herramientas, acciones en las que la policía «podría hacer la vista gorda y sería difícil de supervisar». Si eso ocurre, dicen, es porque se están ajustando los procesos de análisis con las acciones en calle.

También ponderan la disponibilidad de recursos policiales en calle. El 15 de diciembre, a cinco días del traspaso del gobierno, había 37 móviles disponibles en cuadrículas. Al día de ayer había 74 móviles. Lo que aumentó, afirman, es la cantidad de móviles comisionables para cubrir actividad en las calles de Rosario. «Antes cuando nos hablaban de móviles en calle incluían los de las custodias fijas que no salen a patrullar. Hoy tenemos 110 móviles comisionables. A fines de febrero esperamos llegar a 200», dicen.