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Luego de la dilaciones y la conformación de comisiones, inició este martes el primer debate en sesiones extraordinarias de la Ley de Bases y Puntos de Partida por la Libertad de los Argentinos, también conocida como ley ómnibus. La jornada -que inició a las 14:30 horas- se constituyó como un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados con la presencia de un sólo ministro: Mariano Cúneo Libarona, de Justicia.
Además, como representantes del oficialismo, participaron del plenario el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, quien sostuvo que no desarrollaría sobre las reformas del sector energético en esa jornada, y el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra. Estuvo presente -fuera de la agenda- el vicejefe de Gabinete José Rolandi, quien sólo intervino para palabras introductorias.
Durante el debate, se indicó que todas las preguntas que el Gobierno pidió que se manden por escrito, se responderán por la misma vía en la jornada del miércoles. Rodríguez Chirillo se expresó al respecto de la declaración de la Emergencia Pública y, ante la demanda opositora, aseguró que el oficialismo está dispuesto a rebajar el plazo de la declaración de emergencia de dos años a 12 meses. «Bajo ningún punto de vista se está tratando de cerrar el Congreso», subrayó.
Tanto él como Barra ratificaron la necesidad de las reformas de la ley ómnibus. «Las situaciones de crisis exigen decisiones de crisis también. […] Para defender los derechos constitucionales habría que permitir que la Constitución siguiera vigente: si hay crisis económica, señores, no va a haber Constitución vigente«, dijo en ese marco el Procurador del Tesoro y reconoció que «hay que actuar ahora cuando es más posible realizarlo»
Sin posibilidad de debatir al respecto de las precisiones de las reformas económicas que pretende la ley ómnibus, diputados de Unión por la Patria pidieron por la presencia en comisión del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, ministro de Economía, Luis Caputo, y del asesor del Gobierno Federico Sturzenegger. Sin embargo, para la jornada del miércoles estaría programada la presencia de Guillermo Francos (Interior), Patricia Bullrich (Seguridad), Guillermo Ferraro (Infraestructura) y Florencia Misrahi (AFIP); mientras que el jueves se espera que asista la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Ley ómnibus: qué dijeron los diputados de la oposición
El titular de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, fue el primer locutor, quien pidió por mejoras en la instrumentalización del debate legislativo. «Tenemos que profundizar los temas, si tienen que ser más días bienvenidos sean», definió el legislador, que reclamó la presencia de todo el Gabinete de Javier Milei y la posibilidad de participación de «todos los sectores que se ven afectados por la ley y quieren expresar su mirada» en comisiones.
Esa posición se reiteró cuando tomaron la palabra Myriam Bregman (Frente de Izquierda) y Rodrigo de Loredo (UCR), quienes solicitaron que se constituyan mayor cantidad de comisiones que puedan abarcar las discusiones pertinentes a todas las reformas que propone la ley ómnibus. «Estamos profundamente influenciados por un interrogante: ¿Estamos siendo usados por una estrategia que no tiene nada que ver con el futuro inmediato y las necesidades del país?«, preguntó el presidente del bloque radical.
Otras de las coincidencias fue el pedido de legisladores de que el oficialismo detenga sus expresiones contra los representantes parlamentarios. En ese sentido, la diputada Danya Tavela (UCR) se refirió a Manuek Adorni que «en estos más de 600 artículos poco hay sobre el plan de estabilización monetaria, que sería indispensable para que el dólar no suba. El vocero presidencial se encuentra obligado a acusar a los diputados y senadores de semejante descalabro macroeconómico”. A su vez, Sergio Palazzo (UP) apuntó contra Javier Milei:“No tengo ninguna denuncia por coimas y a mí no me va a tratar de coimero ningún presidente de la Nación”.
Por su parte, las intervenciones de las diputadas del PRO solicitaron aclaraciones o reformas formales para la presentación de la ley. «Yo me apunto en los que queremos esos cambios estructurales. Por supuesto que también tengo sugerencias para precisar y detallar el impacto que puedan tener algunas de estas normativas», señaló, como ejemplo, Silviana Giudici.
María Eugenia Vidal fue una de las más expresivas de su bloque en sus solicitudes, insistiendo en que se remarquen «prioridades»: «La reforma política, ley por juicio por jurados y ley de procedimiento administrativo no definen la hiperinflación«. Además, anticipó que rechazaría el paquete de privatizaciones de forma global que propone en la ley ómnibus y solicitó una «aclaración del Ejecutivo»: «El sector de hidrocarburos no está pidiendo una privatización de YPF«.
Ante ello, Eduardo Rodríguez Chirillo apuntó que «todas las empresas del Estado, en el estado en que están, no se pueden privatizar. Tienen que ser ordenadas y eficientizadas para que sean consideradas sujetas a privatización«. Por su parte, Barra aclaró que «la declaración de ‘sujeta a privatización‘ es una habilitación, no una orden, que queda a decisión discrecional del Presidente, la situación económica y el diálogo con el Congreso», añadió.
Ley ómnibus en la Justicia: algunas de las reformas
A su turno, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, defendió las reformas sobre la órbita de la Justicia dentro de la ley ómnibus, con el argumento de que habilitarían a «entrar en un mundo de modernización». Además prometió un nuevo Código Procesal Penal que permitirá «delinear un plan, que luego les voy a informar, novedoso tendiente a que tengamos un sistema procesal y penal adecuado, para que Argentina dé ejemplo de justicia y de orden«.
Su principal hincapié fue en el desarrollo de la implementación del juicio por jurados: «Vamos a tener un sistema muy amplio y acusatorio como tienen todos los países del mundo y rige como ley en nuestro país. Eso tiene que ir acompañado de otras reformas. Acá engancha la ley de juicio rápido y plazo razonable«, aspiró. En ese marco, apuntó que aplicará a delitos federales con condenas mayores a cinco años: «Narcotráfico, trata de personas, corrupción, falsificación, contrabando, lavado de dinero, administración fraudulenta cometida en perjuicio del Estado».
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Finalmente, y además de detallar los procesos administrativos que se buscan digitalizar para acortar plazos burocráticos, se expresó sobre la búsqueda de la supresión del INADI: «De ninguna manera se suprimen las tareas, funciones y misiones que hace el INADI. Para mí, el tema de discriminación es fundamental y tiene que ser examinado, tratado, publicitado y juzgado con la máxima energía«. «No es razonable que el INADI, que es un derecho humano, esté en forma independiente», dijo Cúneo Libarona y se refirió a la búsqueda de recortar presupuesto entre inmuebles y cantidad de empleados con las que cuenta el organismo.
¿Qué propone la ley ómnibus de Javier Milei?
En el proyecto de «Bases y Puntos de Partida» hay cuestiones tributarias, de reforma electoral y penal que el Gobierno no podía constitucionalmente legislar por decreto, pero también coló allí todo tipo de cuestiones de la más diversa índole, lo cual fundamenta los planteos de la oposición sobre la irregularidad del procedimiento.
En su artículo primero, el proyecto señala que tiene por objeto «promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y limite toda intervención estatal que no sea la necesaria para velar por los derechos constitucionales».
«La presente ley contiene delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo nacional de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social, con especificación de las bases que habilitan cada materia comprendida y con vigencia» durante el plazo de dos años, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2025, pero el mismo puede ser prorrogado por dos años, es decir por todo el mandato de Milei.
Este es uno de los puntos más polémicos y es resistido no solamente por Unión por la Patria y el Frente de Izquierda sino además por la UCR, el PRO y Hacemos Coalición Federal. Las dos últimas fuerzas estarían dispuestas a acompañar una delegación de facultades por un año con posibilidad de otra prórroga de un año.
«Esto es lo que se hizo siempre, y los resultados son los que vemos. Si no se prueba algo diferente, los resultados van a seguir siendo los mismos», advirtieron desde La Libertad Avanza.
El incremento del nivel de retenciones, la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria, la implementación de un modelo electoral de uninominalidad de circunscripción, y los cambios a la Ley Federal de Pesca son otros temas que generan un nítido rechazo de todo el arco opositor.
El plan de privatizaciones masivas es apoyado por el PRO, en tanto que la UCR solamente aceptaría acompañar algunas privatizaciones puntuales, pero no todo el paquete de 41 empresas estatales. Lo mismo sucede con la eliminación de las PASO: apoyo del PRO, incomodidad en la UCR.
La iniciativa también contempla un blanqueo de capitales y la creación de un «Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales», así como cambios en las Leyes de Hidrocarburos e Hidrocarburos, y la fusión de los entes reguladores del Gas Natural y la Energía.
En lo que refiere a las modificaciones al Código Penal, se agravan las penas por cortes y piquetes, se endurecen sanciones contra los organizadores de las movilizaciones, exige notificación para reuniones en el espacio público de tres o más personas, y hay cambios en la legítima defensa.
Además, se prevén modificaciones en las leyes de la Oficina Anticorrupción, la Ley de Ética Pública, la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y la Ley General de Sociedades.
Otro aspecto singular son los cambios en materia de educación, al permitir el arancelamiento de los estudios de educación superior para estudiantes extranjeros no residentes en el país, y el establecimiento de un examen integrador de matemáticas y lecto-comprensión al finalizar la secundaria.
Se faculta asimismo una serie de modificaciones a las leyes de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema, Bosques Nativos y Glaciares. También hay modificaciones a la normativa sobre financiamiento del INCAA y el Instituto Nacional de la Música; la Ley de Empleo Público; la Ley de Salud Mental y la Ley de Tránsito.
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