LOS CANDIDATOS A LA GOBERNACIÓN FIRMARÁN ESTE JUEVES EL “PACTO SOCIAL” DE LA IGLESIA

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Los candidatos a gobernar la provincia de Santa Fe a partir del próximo 10 de diciembre firmarán hoy su adhesión al Pacto Social impulsado por la Pastoral Social de la Arquidiócesis, sobre la base «del permanente llamado del Papa Francisco a caminar hacia la amistad social y la fraternidad universal».

Lo harán este jueves al mediodía, en la Universidad Católica de Santa Fe (Echagüe 7151). La iniciativa abarca no solo a los candidatos a gobernador y vice, sino también a diputados, senadores, intendentes y concejales, que competirán en las próximas elecciones provinciales del 10 de septiembre.

Los 10 puntos del Pacto Social
1- Manifestar apertura y convocar al diálogo a los distintos candidatos que participaron en la contienda electoral, a los fines de intercambiar miradas sobre la coyuntura y demostrar que “la unidad prevalece sobre el conflicto” y que el “todo es superior a la mera sumas de las partes”; asumir el Consejo Económico y Social como espacio de construcción comunitaria de políticas integrales en conjunto con instituciones intermedias, iglesias y organizaciones sociales.

2 – Disponer todos los mecanismos necesarios para revertir los índices de pobreza e indigencia a partir de medidas que no agraven el problema o contribuyan a generar mayores dependencias y diferencias; garantizar que en los centros asistenciales, comedores comunitarios, centros de salud barriales, clubes que funcionan como espacio de contención, dispongan lo necesario para sostener a tantos hermanos que sufren.

3 – Promover políticas públicas de asistencia a las personas que padecen el flagelo de las adicciones; fortalecer el trabajo de prevención en todos los niveles del sistema educativo y en campañas de concientización a través de los medios de comunicación; generar propuestas interdisciplinares para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

4 – Priorizar la educación en todos sus niveles como elemento central en el programa de gestión y gobierno, a partir de disponer mecanismos que promuevan la alfabetización, establecer acuerdos para crecer en calidad educativa, mejorar las condiciones laborales y profesionales de todos los actores del ámbito educativo a partir del diálogo, valorar la tarea docente, fomentar la inclusión y otorgar herramientas para brindar trayectorias significativas que preparen a los estudiantes para estudios superiores o la inserción en el mundo laboral.

5 – Asumir la demanda generalizada de seguridad desde una perspectiva integral, que no criminalice la pobreza y sea abordada de forma estructural (salud, educación, justicia, entre otras áreas).

6 – Generar políticas públicas que alienten la economía social y solidaria, favoreciendo la creación de cooperativas y pequeñas empresas, especialmente en contextos de vulnerabilidad; promover condiciones para que las empresas puedan generar nuevos puestos de empleo y a su vez, garantizar los derechos de los trabajadores; sostener una mesa de diálogo intersectorial para escuchar las demandas de los distintos actores sociales respecto a la economía y la sociedad, y a su vez, establecer acuerdos.

7 – Promover una evaluación integral del área de salud en general, a partir de una revisión de las estructuras vigentes para dar cuenta del estado actual de la cuestión, atender la falta de personal en áreas estratégicas, analizar la cuestión salarial, entre otros tópicos urgentes. También, respecto a la salud mental, sostener procesos que impliquen una revisión de las normativas vigentes y garanticen la accesibilidad de la ciudadanía a tratamientos y acompañamientos, especialmente los sectores que presentan mayor vulnerabilidad.

8 – Diseñar políticas que garanticen un acompañamiento integral de la infancia y la juventud, que permita otorgar oportunidades, desplegar las distintas competencias estatales (educación, salud, justicia, entre otras) para garantizar el acceso a ellas, vincularlos a los clubes barriales u otras instituciones, brindando nuevos horizontes de sentido.

9 – Implementar políticas que tiendan hacia una ecología integral, indispensable para cuidar nuestra “casa común” y garantizar condiciones de higiene y habitabilidad; a su vez, implementar medidas en conjunto con científicos, académicos, empresas e industrias para garantizar la sustentabilidad en el uso, la explotación y la contaminación de los recursos naturales.

10 – Proponer un debate serio y transversal a distintas políticas públicas respecto al drama de la trata de personas, que implique acciones de prevención, capacitación y reflexión sobre la cuestión.