ACUERDO EN LA LEGISLATURA PARA MODIFICAR EL SISTEMA SANCIONATORIO DE LOS FISCALES

Con una amplia presencia de distintos sectores del Poder Judicial, se realizó una audiencia pública en la Legislatura santafesina para modificar el sistema sancionatorio de los fiscales y volver a los términos de la ley original sancionada en 2007 y puesta en vigencia a partir de febrero de 2014.

Fueron más de dos horas de exposiciones que abrió el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Daniel Erbetta y cerró el fiscal general, Jorge Baclini, quien remarcó que los cambios «han afectado la calidad institucional en Santa Fe».

La audiencia fue convocada a instancias de la socialista Lionella Cattalini quien junto al presidente de la Cámara, Pablo Farías, encabezaron la reunión. Cattalini es autora de uno de los tres proyectos a debate que tiene la Cámara sobre el sistema disciplinario de fiscales y defensores que en parte está en manos de la Legislatura y es lo que rechazaron todos los expositores ayer. Los otros dos proyectos son de Fabián Palo Oliver (UCR) y de Matilde Bruera (Lealtad Kirchnerista) y ambos los expusieron y cuestionaron la ley vigente.

Con poca participación de legisladores, los oradores coincidieron en que el actual régimen sancionatorio «erosiona» la división de poderes del Estado. «No existen antecedentes de algún sistema en donde la potestad disciplinaria de fiscales y defensores esté asumida por parte de uno de los poderes del Estado», expresó Daniel Erbetta, ministro de la Corte Suprema de Justicia.

El representante de la Corte Suprema de Justicia marcó como un retroceso institucional la sanción de las leyes «que le han autoadjudicado a la Legislatura la potestad disciplinaria sobre fiscales y defensores, no me parece positiva». Erbetta dijo que no se puede depender de «la buena voluntad» de los legisladores, y que además «algunos de ellos que llevan varios años en el cargo, no puede la potestad disciplinaria estar a cargo del Poder Legislativo».

Los cinco fiscales regionales -Arietti, María Iribarren, Matías Merlo, Rubén Martínez y Diego Vigo- abundaron en cuestionamientos que luego coronó el fiscal general Baclini. «El MPA ejerce una potestad pública muy delicada y debe haber garantías funcionales que garanticen la independencia del organismo», pidió Arietti. «El control político sobre órganos técnicos de investigaciones atentan contra toda política de persecución penal» añadió Vigo.

Más adelante, la Auditora del MPA, María Cecilia Vranicich remarcó los cinco controles que tienen los fiscales: adversarial, jurisdiccional, supervisión jerárquica, disciplinario y de gestión. Además reclamó para el cuerpo que hoy conduce autonomía funcional. Más tarde Baclini destacó que fueron varios los fiscales sancionados por los trabajos de la propia auditoría interna.

En el final, el Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación, Jorge Baclini, bregó por que se modifique «la ley que tanto daño le hace a la vida institucional de Santa Fe». En detalle comenzó explicando que «una de la formas de atacar la libertad de actuación de jueces y fiscales es poner en vilo la permanencia en el cargo», para concluir diciendo que otra de las formas de ataque es «cuando se politiza la impunidad».

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