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Un nuevo informe de MuMaLá advierte que Santa Fe registra la tasa de femicidios más alta de la Argentina en relación con su población. Ante la caída abrupta de fondos nacionales y el desmantelamiento de programas de prevención, organizaciones exigen la declaración de la emergencia y mayor articulación estatal.
El último informe del Observatorio de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), correspondiente al período del 1 de enero al 30 de septiembre de 2026, reveló que en la Argentina se produjeron 200 femicidios —un crimen cada 33 horas— y se registraron 654 intentos de femicidio.
Si bien la provincia de Buenos Aires encabeza los números en cantidad absoluta (76 casos), Santa Fe ocupa el segundo lugar nacional con 38 femicidios. Sin embargo, al medir la proporción de víctimas en relación con su densidad poblacional, el distrito santafesino se posiciona como el más crítico del país. «Encabezamos las tasas de femicidios de la Argentina junto a Santiago del Estero y Catamarca», alertó Gabriela Sosa, directora ejecutiva de la Mesa Federal de la organización.
El impacto del ajuste y el reclamo de emergencia
Frente a este escenario, MuMaLá impulsa un proyecto en la Legislatura provincial y en el Congreso de la Nación para declarar la emergencia por violencia de género. Según explican, esta herramienta legal permite agilizar fondos para la contención, brindar respaldo financiero a mujeres que dependen económicamente de sus agresores y fortalecer a escuelas, centros de salud y organizaciones barriales.
El reclamo surge en un contexto de fuerte retracción estatal: de acuerdo con el análisis presupuestario actual, se registra una caída superior al 90% en la asignación de recursos para programas contra la violencia de género en comparación con 2023, lo que afecta de manera directa la provisión de refugios, capacitaciones y botones antipánico.
El rol de los efectores de salud y el abordaje integral
El informe también pone el foco en la actuación de los hospitales públicos, como el Hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe, donde frecuentemente se atienden ingresos vinculados a agresiones machistas. Sosa recordó que el personal de salud está obligado por ley a registrar cualquier sospecha de violencia en la historia clínica, incluso si la paciente no lo manifiesta de forma explícita.
Por último, insistieron en la urgencia de consolidar mesas interinstitucionales de seguimiento en la capital provincial para acompañar a las víctimas al recibir el alta médica, asegurando un esquema de protección integral estatal y comunitario que evite nuevos ataques.
