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La defensa de la exmandataria formalizó la presentación ante el Comité de Derechos Humanos del organismo internacional. Apuntan a revertir la inhabilitación para ejercer cargos públicos y buscan que el caso sea tratado en octubre.
La expresidenta Cristina Kirchner formalizó una presentación ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para solicitar la revisión de la Causa Vialidad, proceso en el cual fue condenada a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El equipo legal de la exmandataria —integrado por los abogados Carlos Alberto Beraldi, el brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego— acudió al Comité de Derechos Humanos, con sede en Ginebra. El objetivo principal es que el organismo internacional determine que se violaron garantías fundamentales durante el proceso judicial argentino, logrando así dejar sin efecto la prohibición de postularse a cargos públicos.
La defensa busca que la solicitud sea tratada durante la próxima sesión del Comité prevista para octubre. Si bien las decisiones de este cuerpo de 18 expertos independientes no son vinculantes para el Estado argentino, tienen un alto impacto político e institucional, además de servir como antecedentes en discusiones jurídicas internacionales. La vía judicial en el país se había agotado cuando la Corte Suprema ratificó por unanimidad la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal 2.
Cuáles son las nuevas pruebas presentadas
Durante una conferencia de prensa previa, el abogado Carlos Alberto Beraldi detalló los argumentos centrales de la nueva evidencia incorporada al expediente internacional. Según explicó, la defensa halló un elemento determinante respecto a la asignación de fondos públicos a la Dirección de Vialidad durante las administraciones de la exmandataria.
- Porcentaje menor al 1%: La defensa sostiene que, a pesar del volumen total de la inversión en obra pública, los fondos asignados a las empresas de Lázaro Báez representaban menos del 1% del total.
- Cuestionamiento a la hipótesis de beneficio: Para los letrados, este dato refuta la teoría de que existió un direccionamiento sistemático para favorecer a las firmas de Báez.
- Empresas relegadas: El equipo legal argumentó que las compañías vinculadas a Báez ocupaban lugares secundarios en el reparto de obras, mientras que las empresas que lideraban el ranking no guardaban relación con el gobierno de ese período.
