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Un informe del Centro de Estudios DEMOS advierte sobre una «deuda invisible» en Santa Fe. Aunque la morosidad bancaria parece baja, se debe a que la gran mayoría de las empresas no accede a financiamiento, lo que dispara el rechazo de cheques y los concursos preventivos.
A primera vista, la morosidad de la cartera comercial —que ronda el 3,7% en general, con un 4,4% en pymes y un 0,9% en grandes empresas— podría interpretarse como un dato alentador. Sin embargo, detrás de estos números se esconde una realidad crítica: el crédito que no existe no puede entrar en mora.
Según el informe “Endeudamiento productivo en Santa Fe: la crisis que los indicadores del BCRA no muestran”, elaborado por la economista Florencia Camusso para DEMOS, apenas el 22% de las pymes industriales solicitó un préstamo en el primer semestre de 2026, y solo el 14% logró obtenerlo en las condiciones requeridas. Las altas tasas y las trabas burocráticas dejan a gran parte del sector productivo fuera del sistema bancario tradicional.
El traslado de la deuda a la economía real y el colapso de cheques
Cuando las puertas de los bancos se cierran, el endeudamiento no desaparece, sino que se traslada hacia instrumentos informales y riesgosos en la economía real. Para las pymes santafesinas, esto se traduce en una «deuda invisible» compuesta por cheques sin fondos, facturas impagas y obligaciones diferidas con el fisco.
El impacto es directo en la cadena de pagos: en diciembre de 2025 se rechazaron casi 119.285 cheques por falta de fondos, triplicando la cifra del año anterior, una tendencia que continuó profundizándose en 2026. Este fenómeno opera como un dominó, donde el cheque rebotado de una empresa se convierte de manera inmediata en el ingreso no percibido de otra, afectando fuertemente a sectores clave de la región como la agroindustria y la metalmecánica.
Proveedores como bancos y un salto histórico en quiebras
Ante la imposibilidad de cumplir con los plazos breves, se consolida una práctica informal: el proveedor extiende los plazos de pago a 60 o 90 días para retener al cliente, convirtiéndose en un «banco de última instancia» sin estar preparado financieramente para asumir ese riesgo.
Esta cadena de ahogamiento financiero se refleja en los tribunales. De acuerdo con datos de APYME citados en el informe, las causas por quiebra en la provincia de Santa Fe crecieron un 173% en 2025, superando las 2.000 causas anuales y pulverizando los registros históricos, incluso por encima de los picos de la pandemia.
Para acceder al análisis completo y profundizar en las estadísticas del sector, se puede consultar el informe completo de DEMOS.
