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Un nuevo informe nacional encendió las alarmas en el territorio santafesino, donde se registraron decenas de crímenes y tentativas en lo que va del año. Referentes sociales exigen la declaración de la emergencia y denuncian un profundo vaciamiento presupuestario estatal.
La provincia de Santa Fe atraviesa un escenario crítico en materia de violencia de género, posicionándose como el segundo distrito con mayor tasa de femicidios y transfemicidios en todo el país, según el último relevamiento difundido por el movimiento Mumalá.
Ante esta delicada coyuntura, referentes de diversos sectores sociales y gremiales se congregaron en la capital provincial para debatir estrategias de contención y articular medidas conjuntas con militantes de Rosario y la Asamblea Ni Una Menos. En diálogo con los medios, Andrea Luna, secretaria de Políticas de Género de la Festram, expuso la dimensión del problema: «Hoy están registrándose, desde enero al 18 de agosto, 32 femicidios y 60 intentos de femicidios. Son cifras que nos aterran».
Frente a este panorama, las organizaciones exigieron a las autoridades provinciales, nacionales y municipales la pronta sanción de una ley específica de emergencia en violencia de género que permita frenar la escalada de agresiones letales.
Ajuste presupuestario y desamparo institucional
Más allá de la demanda normativa, el reclamo central de las organizaciones apunta al achique sistemático de los recursos económicos destinados a la prevención, asistencia y contención de las víctimas en los barrios. Para Luna, la falta de fondos operativos neutraliza el trabajo territorial que realizan las redes comunitarias.
«Lo que pedimos es presupuestos» remarcó la dirigente gremial, al tiempo que denunció un constante «avasallamiento por parte de los distintos gobiernos nacionales, provinciales y locales en lo que tiene que ver con nuestras economías y con los presupuestos para las organizaciones que trabajan las situaciones de violencia en lo local». Según advirtió, las instituciones deben redoblar esfuerzos permanentes para subsistir con montos ínfimos frente a la magnitud de la demanda asistencial.
La ausencia de políticas públicas y el grito de vulnerabilidad
El informe y los testimonios de las referentes sociales desnudaron además la precariedad con la que se aborda la emergencia en los territorios, donde la falta de infraestructura habitacional deja a las mujeres desprotegidas tras radicar una denuncia.
«Hoy se planteaba que lo único que se puede hacer es un acompañamiento desde la palabra, desde el estar del cuerpo, porque después no tenemos políticas públicas que puedan darle respuesta a una mujer que ha sido golpeada, que no tiene dónde volver, dónde alojarse, dónde acompañar a sus hijos» lamentó Luna con crudeza.
Para finalizar, la referente apuntó directamente contra la inacción de los distintos estamentos gubernamentales, calificando el cuadro actual como una forma de violencia institucionalizada: «El estado de situación es de un vaciamiento de recursos de las políticas y también de las políticas en las cuales nos encontramos violentadas permanentemente, no solamente por los odiantes, sino también por estos Estados que nos están violentando permanentemente».
