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El próximo 12 de agosto comenzará el juicio oral contra un productor frutillero de Arroyo Leyes acusado de someter a 20 trabajadores a explotación laboral. La fiscalía pedirá ocho años de prisión, mientras que la defensa confía en lograr la absolución.
El Tribunal Oral Federal fijó para el próximo 12 de agosto el inicio del juicio contra un productor frutillero de la localidad de Arroyo Leyes, quien se encuentra imputado por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre.
Por su parte, la fiscal coadyuvante Milagros Traverso adelantó que solicitará una condena de ocho años de prisión. La acusación sostiene que al menos 20 trabajadores fueron captados en la provincia de Chaco mediante falsas promesas laborales y sometidos a condiciones de vida y trabajo inhumanas dentro de un campo de frutillas.
La defensa asegura que no existió el delito de trata
En la vereda opuesta, el abogado defensor Claudio Torres del Sel confirmó que su cliente llegará al debate en libertad y manifestó tener plena fe en que será absuelto. Según explicó, la Cámara Federal de Rosario consideró en su momento que la acusación carecía de solidez.
El letrado sostuvo que durante el proceso no se comprobaron los extremos legales que configuran la figura de trata laboral: «Tiene que existir el secuestro de los documentos de las personas que trabajan, no ocurrió; la prohibición de entrada o salida libre del establecimiento donde se encuentran trabajando, todos dicen que ellos entraban y salían cuando querían».
Irregularidades admitidas y proyección judicial
Si bien la defensa rechazó de plano la acusación de trata, reconoció la existencia de fallas administrativas y precariedad en las condiciones de habitabilidad del establecimiento rural. «Eso no se discute, está fuera de discusión, lo aceptamos, pero todo eso está siendo corregido», expresó Torres del Sel.
Finalmente, el defensor adelantó que buscarán demostrar la inocencia del productor y que, en caso de dictarse una sentencia absolutoria, evaluarán avanzar con acciones legales para obtener un resarcimiento por el desgaste jurisdiccional y el impacto generado en la causa.
