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El Gobierno nacional modificó el esquema de cálculo del beneficio, que ahora se aplicará sobre una «tarifa de referencia» fijada al 30 de junio.
El Gobierno nacional oficializó a través de la Resolución 40/2026 una modificación clave en la Tarifa Social de la tarjeta SUBE. A partir de este miércoles, el descuento del 55% para los sectores vulnerables ya no se calculará sobre el costo real del boleto de cada jurisdicción, sino sobre una tarifa de referencia establecida por el Estado nacional, congelada a los valores vigentes al 30 de junio de 2026.
El impacto para las provincias
Bajo este nuevo esquema, si una provincia o municipio decide aumentar el valor del boleto de transporte, la Nación ya no absorberá automáticamente el 55% de ese incremento. La diferencia deberá ser cubierta por las arcas provinciales si pretenden mantener el beneficio real del 55% sobre el precio final.
La medida busca eliminar la «dinámica heterogénea» de las tarifas locales, permitiendo a la Secretaría de Transporte tener mayor previsibilidad en el gasto público frente a los aumentos que cada jurisdicción decide de manera autónoma.
¿Qué sucede con los beneficiarios?
La normativa aclara que no se modifica el porcentaje del 55% ni el universo de beneficiarios, que incluye a jubilados, pensionados, personal de trabajo doméstico, beneficiarios de la AUH, monotributistas sociales y veteranos de Malvinas, entre otros.
Sin embargo, cambia la dinámica futura: ante cualquier suba del pasaje, el descuento ya no se ajustará de manera automática. El beneficio permanecerá «anclado» a la tarifa de referencia definida por el Estado hasta que la Secretaría de Transporte disponga una actualización formal, trasladando la responsabilidad financiera de los futuros aumentos tarifarios directamente hacia los gobiernos provinciales y municipales.
