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La Cámara Contencioso Administrativo Federal ratificó una medida cautelar y obligó al Ejecutivo a cumplir de inmediato con la Ley 27.795, en medio de un conflicto que involucra a universidades de todo el país.
La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó que el Gobierno nacional debe aplicar sin demoras la ley de financiamiento universitario, al rechazar la apelación presentada por el Poder Ejecutivo.
El tribunal respaldó así la medida cautelar dictada previamente y consideró “poco serios” los argumentos del Estado, descartando que se trate de una sentencia definitiva encubierta.
Qué establece la ley
La resolución obliga a cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que contemplan la actualización de salarios docentes y no docentes —desde diciembre de 2023 hasta septiembre de 2025— y la recomposición de las becas estudiantiles.
Además, los jueces señalaron que el impacto fiscal es limitado y que no afecta el interés público, sino que resguarda el derecho constitucional a la educación superior.
El origen del conflicto
La cautelar había sido dictada en diciembre por el juez federal Enrique Cormick, tras un amparo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional junto a más de 40 universidades públicas.
El conflicto se intensificó luego del decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno suspendió la aplicación de la ley y la supeditó a la disponibilidad de recursos, una decisión que la Justicia consideró arbitraria e ilegal.
Debate abierto entre lo judicial y lo político
Desde el Ejecutivo sostienen que la norma requiere previsión presupuestaria del Congreso y advierten sobre su impacto en el equilibrio fiscal, un planteo que fue rechazado por la Cámara.
En paralelo, el Gobierno trabaja en una nueva propuesta legislativa para modificar el esquema vigente y buscar consensos, mientras el conflicto continúa tanto en el plano judicial como político.
