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La central obrera anunció una huelga de 24 horas sin movilización tras la media sanción en el Senado. La medida podría concretarse el jueves 19 o el miércoles 25, según el avance del debate legislativo.
La cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió este lunes convocar a un paro general cuando la reforma laboral sea tratada en la Cámara de Diputados. La decisión se tomó luego de una reunión virtual encabezada por los cotitulares Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (Empleados del vidrio), en la que distintos dirigentes respaldaron la adopción de una medida de fuerza.
La huelga será por 24 horas y sin movilización. Las fechas posibles son el jueves 19 o el miércoles 25, dependiendo del cronograma parlamentario.
Posible adhesión de la UTA
Desde la central sindical señalaron que podría sumarse la Unión Tranviarios Automotor (UTA). En caso de confirmarse la adhesión del gremio del transporte, la protesta ganaría mayor impacto y alcance a nivel nacional.
En los últimos días, varios referentes sindicales habían planteado que las manifestaciones públicas no alcanzaban para frenar el avance del proyecto y reclamaban medidas más contundentes.
Los puntos más cuestionados
Entre los aspectos que generan mayor rechazo figura la posibilidad de reducir entre un 25% y un 30% el salario en caso de licencia médica. También preocupan los cambios en materia de indemnizaciones, jornada laboral y régimen de vacaciones.
El oficialismo, por su parte, deslizó que podría incorporar modificaciones para garantizar la aprobación en Diputados. Sin embargo, la regulación del derecho de huelga aparece como otro eje conflictivo en el debate.
La postura de la CGT
En un documento interno, la CGT expresó su rechazo “en su totalidad” a la iniciativa y sostuvo que el proyecto es “contrario a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales con rango constitucional”.
La central calificó la reforma como “regresiva y perjudicial para los trabajadores” y anticipó que prepara una impugnación judicial. Entre los argumentos, remarcó que la Constitución y la normativa internacional consagran la protección del trabajo y que existen principios de jerarquía constitucional, como el de progresividad y no regresión, que impiden retrocesos en los derechos laborales.
