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La oposición se impuso con 63 votos frente a solo siete del oficialismo, entre ellos, una senadora del PRO.
En otro dura derrota para la Casa Rosada, el Senado rechazó hoy el veto del presidente Javier Milei a la ley que declara la emergencia en Discapacidad, por lo que el proyecto deberá ser promulgado por el Poder Ejecutivo.
La oposición, nucleada en el interbloque peronista, UCR, PRO y provinciales, se impuso con 63 votos afirmativos y siete en contra. Para intentar sostener el veto, el oficialismo recibió el apoyo de la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero y Francisco Paoltroni, quien volvió a alinearse por completo con la Casa Rosada.
Desde el 12 de marzo de 2003 que el Congreso no rechazaba un veto total. Fue durante la administración de transición de Eduardo Duhalde, quien asumió el 1° de enero de 2002 tras la renuncia de Fernando de la Rúa en medio del gran estallido del 2001.
La ley de discapacidad aprobada -por abrumadora mayoría- por el Poder Legislativo declara la emergencia hasta el 31 de diciembre del 2026, prorrogable hasta 2027, y una actualización de las prestaciones para compensar la diferencia entre los valores actuales y la inflación desde el 2023 a la fecha.
Según la oficina de Presupuesto del Congreso, la ley que contempla un actualización de las presiones y asignaciones para los talleres para las personas con discapacidad tiene un impacto que oscila entre el 0,22% al 0,42% del PBI, ya que depende de la cantidad de altas que se produzcan hasta diciembre del 2026.
Un punto clave de esta ley es que las 200 mil contribuciones por invalidez serán equivalentes al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio y las personas que cobran este beneficio podrán trabajar mientras que no supere los dos salarios mínimos.
Otro eje central es que se deberá saldar la deuda con los prestadores y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, de acuerdo a los índices de la inflación que informa el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
NA
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Portada | 04 septiembre 2025
Confirman que los mensajes borrados del celular de Spagnuolo no pueden recuperarse
Los mensajes «no podrán ser recuperados por la manera en que se borraron», precisaron a Noticias Argentinas peritos de la DATIP.
Peritos que trabajan en la extracción de datos de los celulares secuestrados en el marco de la causa por supuesto pago de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), confirmaron que los mensajes borrados del teléfono del ex titular del organismo Diego Spagnuolo no podrán recuperarse, revelaron fuentes judiciales.
Se trata de uno de los dos teléfonos entregados por Spagnuolo, del cual se hizo la extracción de datos y se detectaron mensajes borrados, algunos de ellos con el presidente Javier Milei -de quien el ex funcionario fue abogado- y Karina Milei.
Estos mensajes «no podrán ser recuperados por la manera en que se borraron», precisaron a la agencia NA peritos de la DATIP en la causa a cargo del fiscal federal Franco Picardi y del juez Sebastián Casanello, que estará bajo secreto de sumario por otros diez días hábiles contados desde hoy.
En un operativo hecho en su casa de Pilar, se secuestró otro celular que no tiene información de interés porque estaba sin uso.
Además en estos días comenzará el estudio de otros celulares incautados, los de los accionistas de la droguería Suizo Argentina Eduardo y Jonathan Kovalivker y el del ex funcionario de ANDIS Daniel Garbellini.
Otro celular, el de Emannuel Kovalivker no pudo peritarse porque es un teléfono de última generación y el investigado no proporcionó la clave de acceso.
Casanello tiene que resolver pedidos de nulidad de la causa presentados por la defensa de los Kovalivker, a cargo del abogado Martín Magram.
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Portada | 04 septiembre 2025
El Senado inició la sesión en la que rechazará el veto a la emergencia en Discapacidad
La Cámara alta también debatirá y buscará aprobar modificaciones en la legislación de los DNU.
El Senado inició a las 11.15 la sesión en la que rechazará el veto a la emergencia en Discapacidad, además de debatir y buscar aprobar modificaciones en la legislación de los decretos.
El Gobierno se encamina a sufrir otro un duro golpe, ya que hace 22 años que el Parlamento no insiste con una ley aprobada por el Congreso, ya que el último veto rechazado fue en abril de 2003.
La Cámara de Diputados rechazó el veto a la ley de discapacidad el pasado 20 de agosto, votada por 172 contra 73 votos y tres abstenciones el pasado 20 de agosto y mañana hará lo propio el Senado, con lo cual quedará vigente la ley de emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026.
Durante la sesión de hoy también habrá cinco cuestiones de privilegio donde se objetará la decisión del Gobierno de denunciado a periodistas y logrado conseguir que el magistrado Alejandro Maraniello, que prohibió la difusión de audios atribuidos a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
Las principales críticas están dirigidas a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien defendió la denuncia contra los periodistas y pedir el allanamiento de los estudios de Carnaval Streaming y de los domicilios de Franco Bindi, Jorge Rial, Pablo Toviggino, y Mauro Federico .
Discapacidad
La ley de discapacidad aprobada por el Congreso declara la emergencia hasta el 31 de diciembre del 2026, y actualización de las prestaciones para compensar la diferencia entre los valores actuales y la inflación desde el 2023 a la fecha.
La oficina de Presupuesto del Congreso estimo que esta ley que contempla un actualización de las presiones y asignaciones para los talleres para las personas con discapacidad tiene un impacto que oscila entre el 0,22% al 0,42% del PBI, ya que depende de la cantidad de altas que se produzcan hasta diciembre del 2026.
Un punto clave de esta ley es que las 200 mil contribuciones por invalidez serán equivalentes al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio y las personas que cobran este beneficio podrán trabajar mientras que no supere los dos salarios mínimos.
Otro punto clave es que se deberá saldar la deuda con los prestadores y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, de acuerdo a los índices de la inflación que informa el INDEC.
El decreto
El Senado debatirá el dictamen del proyecto que regula los decretos confluyeron el kirchnerismo, PRO, la UCR y bloques provinciales, que buscan limitar así la herramienta que utilizó Milei a lo largo de estos meses para saltear al Poder Legislativo.
La iniciativa establece un plazo de 90 días corridos para la aprobación del DNU por ambas cámaras o se considera “derogado”, y solo deja a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia.
Además, el rechazo de una de las cámaras ya lo deja sin efecto, entre otros puntos.
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Portada | 04 septiembre 2025
Advierten un retroceso de los derechos de Acceso a la Información Pública
La Fundación Apolo analizó el Decreto 780/2024.
El abogado José Lucas Magioncalda, líder del equipo de Activismo Judicial de Fundación Apolo, presentó un informe con un examen jurídico del Decreto 780/2024, que modifica la reglamentación de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública.
El trabajo sostiene que el decreto introduce restricciones inconstitucionales y contrarias a los estándares internacionales en materia de transparencia, debilitando principios como la no discriminación, la gratuidad del trámite y la regla general de que toda la información en poder del Estado debe ser pública, salvo excepciones muy limitadas establecidas por ley.
Este análisis revisa en detalle cómo las modificaciones impactan en definiciones clave como “información pública” y “documento”, amplían excepciones que limitan el acceso y alteran competencias de la Agencia de Acceso a la Información Pública, generando un retroceso respecto de los derechos ya consagrados por ley y por tratados internacionales de derechos humanos.
«Consideramos que este trabajo es fundamental para alertar sobre el retroceso institucional que implican estas reformas y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa del derecho ciudadano a acceder a la información pública, herramienta esencial para prevenir la corrupción y fortalecer la democracia», comunicaron desde la Fundación Apolo.
