ESTAFAS INMOBILIARIAS EN LA COSTA: PIDEN ARRESTO DOMICILIARIARIO PARA UNO DE LOS ACUSADOS

El próximo 10 de enero se realizará la audiencia de juicio abreviado para Diego Parisse, acusado como uno de los jefes de una asociación ilícita que habría defraudado a múltiples damnificados en la venta de terrenos inexistentes en localidades como Arroyo Leyes, Colastiné Norte, Sauce Viejo y Santo Tomé.

La causa, que data de 2018, involucra a un grupo de personas que ofrecían inmuebles inexistentes a través de redes sociales. Utilizando identidades falsas, estos simulaban ser vendedores legítimos y firmaban boletos de compraventa y cesión de acciones con las víctimas. Entre las localidades afectadas se encuentran Santa Fe, Colastiné Norte y Arroyo Leyes, donde decenas de familias fueron engañadas. Según la Fiscalía, el monto estimado de la estafa asciende a un millón de dólares.

Detalles del caso y audiencia clave
El principal acusado, Diego Parisse, será sometido a juicio abreviado el 10 de enero. Según la acusación, Parisse era uno de los organizadores de la asociación ilícita, que incluso llegó a ofrecer 20 millones de pesos para repartir entre un reducido grupo de damnificados. Otro de los imputados, el corredor inmobiliario Agustín Storni, solicitó continuar el proceso con arresto domiciliario, algo que ha sido fuertemente rechazado por la querella y la Fiscalía.

Postura de la querella
El abogado Ricardo Veglia, representante de 14 damnificados, expresó su oposición a la solicitud de Storni. «Nos oponemos enfáticamente al arresto domiciliario porque no han variado los factores que justifican su prisión preventiva, como el peligro de fuga», sostuvo el profesional. Agregó que Storni, quien habría utilizado su matrícula y título universitario para realizar estas operaciones fraudulentas durante una década, no ha presentado motivos válidos para acceder al beneficio del arresto domiciliario.

Impacto en las víctimas
La magnitud del fraude es evidente en los testimonios de las víctimas. Según Veglia, una pareja joven invirtió sus ahorros para comprar un lote, obtuvo un crédito Procrear y comenzó a construir su casa. Sin embargo, más tarde descubrieron que el terreno no les pertenecía, aunque sí debían enfrentar la deuda con el banco. Este es solo uno de los tantos casos que ilustran el daño económico y emocional causado por la organización.

Arreglos y montos insignificantes
Otro de los imputados, Chacón, ya acordó el pago de 10 millones de pesos en cuotas para indemnizar a un pequeño grupo de afectados. Sin embargo, las cifras propuestas no compensan las inversiones realizadas por las víctimas, quienes recibieron montos irrisorios en comparación con lo que perdieron.

La audiencia del 10 de enero será un momento clave en este caso que afecta a numerosas familias de la costa santafesina y otras localidades de la región. Las víctimas y sus representantes legales esperan que se haga justicia y se sienten precedentes para evitar futuros fraudes inmobiliarios.

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