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La fiscal Rosana Marcolín presentó una apelación contra la decisión judicial que permitió la libertad de VG, un joven de 19 años imputado por un doble homicidio simple tras un choque fatal en la Costanera de Santa Fe el pasado 24 de noviembre. La resolución, dictada por la jueza Cecilia Labanca, permitió que el imputado continuara el proceso judicial con medidas no privativas de libertad, decisión que la fiscalía considera injustificada y contraria a los derechos de las víctimas.
UN CUESTIONAMIENTO AL FALLO JUDICIAL
Marcolín señaló que la magistrada que otorgó la libertad “se contradijo al reconocer la existencia de riesgos procesales como la posibilidad de fuga, pero sin fundamentar por qué esas amenazas podrían ser neutralizadas con normas de conducta”. Además, destacó que la resolución careció de perspectiva de las víctimas y no garantizó la realización de un juicio oral para los hijos de las víctimas, Marcos Oscar Arias y Norma Beatriz López, quienes fallecieron en el siniestro.
La fiscal también manifestó que el accionar del imputado, junto con otro conductor de 26 años identificado como NFL, resultó en un daño irreparable. Ambos son investigados por participar en una picada callejera con vehículos modificados que embistieron a las víctimas en la intersección de Almirante Brown y Ruperto Godoy.
DETALLES DEL CASO
El choque ocurrió alrededor de las 23:00 horas cuando los imputados competían en alta velocidad con un Volkswagen Bora y un BMW. Según las pericias, los vehículos fueron modificados para aumentar su potencia, incluyendo reprogramación de sus computadoras, sistemas de inducción forzada y amortiguadores adaptados. En medio de la carrera, el Volkswagen Bora conducido por VG embistió a Arias y López mientras cruzaban la senda peatonal con su hijo adolescente, quien resultó ileso.
Tras el impacto, los imputados continuaron su marcha, y el vehículo de VG se detuvo a más de 140 metros del lugar debido a daños en el motor. Ambos enfrentan cargos como coautores de doble homicidio simple con dolo eventual y la realización de pruebas de velocidad no autorizadas.
MEDIDAS CUESTIONADAS
La jueza Labanca impuso a VG restricciones como fijar domicilio en Colastiné, prohibición de conducir, no salir de la provincia ni del país, y realizar trabajos comunitarios, entre otras. No obstante, la fiscalía argumentó que estas medidas son insuficientes y no contemplan la solvencia económica de la familia del imputado, quien ofreció como precaución real cuatro automóviles.
RECLAMOS DE JUSTICIA Y PREVENCIÓN
Marcolín enfatizó la necesidad de la prisión preventiva para garantizar la realización del juicio y evitar la posibilidad de fuga del imputado, considerando la gravedad de los delitos y el impacto emocional en los familiares de las víctimas. Asimismo, advirtió sobre la importancia de actuar con firmeza en casos de picadas ilegales que representan un peligro constante en espacios concurridos como la Costanera santafesina.
Con esta apelación, el Ministerio Público de la Acusación busca revertir la decisión judicial y avanzar hacia un juicio justo que haga valer los derechos de las víctimas y sus familias.
