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El Ministerio de Justicia de la Nación a través de un comunicado publicado en la cuenta oficial en la red social X (ex Twitter) informó la decisión de echar a los trabajadores. «Esta Administración no permitirá la extorsión, la violencia, los escraches ni las amenazas de ningún sector que interrumpan el normal desenvolvimiento de las obligaciones y de las funciones estatales», aseguró.
Alertaron también que quienes no se presenten a trabajar, o participen en actividades no autorizadas por el Ministerio, serán sancionados según lo establecido en los regímenes legales correspondientes.
El comunicado afirma que: “El ciudadano de bien no debe pagar las consecuencias de la irracionalidad del accionar de ATE, que bajo falsos reclamos persigue beneficios sólo para sus autoridades”.
El Ministerio reiteró que «no permitirá la violencia, amenazas ni escraches que afecten el normal funcionamiento de los servicios estatales», y subrayó su «compromiso con la continuidad de las obligaciones públicas hacia los ciudadanos».
Por su parte, ATE Capital repudió el comunicado oficial del Ministerio de Justicia, en el cual acusó a los trabajadores de paralizar la sede central del Registro Automotor con fines «violentos y extorsivos».
«Negamos categóricamente que la paralización del Registro Automotor haya sido realizada con fines violentos y extorsivos. La medida fue adoptada en defensa de los derechos laborales y en respuesta a las políticas de despidos encubiertos y aprietes en el Estado, con los trabajadores en sus puestos de trabajo», expresó en un comunicado titulado «Anuncian despidos y quieren prohibir hacer huelga».
Además, explicaron: «El paro fue votado por unanimidad de todas y todos los trabajadores ante la amenaza coercitiva de que aceptemos un retiro voluntario obligatorio y que de no acatarlo en diciembre quedaríamos en disponibilidad».