CUEVA DEL PUERTO: DENUNCIAN QUE SE CONFECCIONABAN FACTURAS TRUCHAS DESDE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA DE SANTA FE

El fiscal federal N° 2 de Santa Fe, Walter Rodríguez, solicitó la elevación a juicio de cinco personas involucradas en una red de intermediación financiera no autorizada y lavado de activos. El caso, que dio inicio en septiembre de 2023, se originó a raíz de un allanamiento en un departamento del edificio «Amarras Center II», ubicado en el Puerto de Santa Fe.

El 12 de septiembre de ese año, un operativo llevado a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI) inicialmente tenía como objetivo la recuperación de electrodomésticos, pero resultó en un hallazgo sorprendente: una mesa cubierta de fajos de billetes de distintas denominaciones. Tras la intervención de las autoridades, se contabilizó una cifra total de 46 millones de pesos, 85.000 dólares, 21.000 euros y 23.000 reales, además de documentos comerciales y 39 tarjetas de débito que fueron utilizadas para el acceso a divisas en el mercado paralelo, eludiendo las restricciones cambiarias.

Los cinco principales imputados son Ángel Yamil Benavidez, María Luján Miassi, Raúl Adrián Manonellas, Juan Emilio Gastaldo y Carlos Raúl Quartucci. La investigación reveló que los acusados habían operado mediante identidades falsas, obtenidas a través de documentos de personas vulnerables, para realizar compras de divisas y realizar transacciones en el mercado informal.

El análisis de teléfonos y otros dispositivos electrónicos secuestrados mostró comunicaciones relacionadas con el intercambio ilegal de dinero y la asesoría financiera de una contadora. Las ganancias obtenidas fueron reinvertidas en bienes inmuebles, vehículos y viajes al exterior, lo que reveló un estilo de vida elevado de los imputados. A la fecha, la causa avanza con el juicio pendiente y el aseguramiento de bienes vinculados al delito.

Pero uno de los datos que surge de la investigación del Fiscal Federal es que la imputada María Luján Miassi confeccionó facturas truchas desde computadoras del ministerio de Economia de la provincia de Santa Fe, donde realizaba sus tareas laborales.

Según manifestó el fiscal en su pedido, esta circunstancia “será puesta en conocimiento de las autoridades competentes, a los efectos administrativos que correspondan”.

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