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Este jueves se determinará si los siete acusados en la causa por estafas inmobiliarias en Santa Fe continuarán el proceso en prisión preventiva o en libertad. Fueron detenidos el pasado 23 de agosto, acusados de integrar una asociación ilícita que operó entre 2014 y 2023, falsificando documentos para vender terrenos no aptos para la comercialización.
La audiencia se desarrollará en dos sesiones consecutivas en los tribunales de la ciudad. La primera, a las 13:00, estará a cargo del juez Sergio Carraro, mientras que la segunda, a las 14:15, será presidida por el juez Lisandro Aguirre. El caso está en manos de las fiscales Bárbara Ilera y Laura Urquiza, de la Fiscalía de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación, y cuenta con la participación de numerosos querellantes.
Detalles de la imputación Los acusados fueron imputados por al menos 57 hechos delictivos. Se los acusa de haber falsificado documentos públicos y privados para dar apariencia de legalidad a la venta de terrenos que no podían ser ofertados ni transferidos.
La investigación reveló que la organización delictiva montó distintas agencias inmobiliarias bajo los nombres “AS” y “AS Servicios Inmobiliarios”, desde donde se falsificaban boletos de compraventa y cesiones de derechos, y se insertaban declaraciones falsas en instrumentos públicos y privados. Estos documentos luego eran presentados en juicios ordinarios o de escrituración ante los Juzgados Civiles y Comerciales de Santa Fe, logrando defraudar a magistrados que ordenaron sentencias basadas en documentos apócrifos.
El desarrollo del proceso Las fiscales Ilera y Urquiza solicitarán al juez que los imputados continúen en prisión preventiva, argumentando la gravedad de los hechos y el riesgo de entorpecimiento de la investigación. En cambio, las defensas buscarán la libertad de los acusados, alegando que no existen elementos suficientes para mantener la medida cautelar.
Esta audiencia es clave para el desarrollo del caso, que podría significar un importante precedente en materia de estafas inmobiliarias en la región. Según se estima, dentro de 15 días se llevará a cabo otra audiencia en la que se definirán las medidas cautelares con las que los imputados transitarán el resto del proceso judicial.
El mega fraude inmobiliario no solo afectó a particulares, sino también al sistema judicial y a la credibilidad de las instituciones involucradas. La comunidad santafesina sigue de cerca este caso, que pone en evidencia las debilidades del control sobre las operaciones inmobiliarias y la necesidad de reforzar la transparencia en estos procedimientos.
