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La medida fue dispuesta en una audiencia que se desarrolló en la mañana del jueves 16 en los tribunales de la capital provincial.
El funcionario del MPA solicitó el cese del estado antijurídico en relación a los inmuebles –ubicados en Cochabamba al 4.100–, así como de dos portones de ingreso al pasillo, que servían para administrar la comercialización de estupefacientes y bloqueaban el acceso público. En tal sentido, valoró que «la magistrada hizo lugar a todo lo que solicitamos». El requerimiento respondió a las recomendaciones de actuación del Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General.
También participaron de la audiencia representantes de la Fiscalía de Estado, el Ministerio de Seguridad y la Fiscalía Municipal, quienes acompañaron el pedido del MPA. Al respecto, Nigro indicó que «su apoyo es relevante porque son los estamentos estatales encargados de la ejecución de la medida y de la actividad preventiva que debe desplegarse de ahora en más en el territorio».
Por su parte, la Defensa de dos hombres que están imputados en el marco del legajo penal por haber tenido estupefacientes con fines de comercialización en los búnkers no hizo observaciones a lo expresado por la Fiscalía. Sólo solicitó que se recolecten y entreguen a una persona allegada a los investigados los objetos personales que puedan haber quedado en los inmuebles y la jueza así lo autorizó.
Mercado abierto
El representante del MPA aseguró que «durante la investigación, se logró establecer que las construcciones que serán demolidas fueron edificadas exclusivamente para vender estupefacientes al menudeo».
«Las actividades ilícitas en los búnkers se desplegaron a toda hora ante niños, niñas y adolescentes, personas mayores de edad que residen en el barrio y transeúntes ocasionales», destacó el fiscal. «Esto fue contemplado por la magistrada, dado que la existencia de un mercado ilegal abierto tiene un evidente impacto negativo en las comunidades del lugar en el que se asienta», explicó.
«Además, los inmuebles que se derribarán eran escondites de bienes obtenidos a través de delitos contra la propiedad, muchas veces caracterizados por el ejercicio de fuerza sobre las cosas o violencias sobre las personas», remarcó Nigro.
Por otro lado, refirió que «las instalaciones que serán demolidas fueron construidas en terrenos fiscales que pertenecen a la provincia de Santa Fe», y agregó que «son absolutamente irregulares y ninguna cuenta con autorización municipal».
Cocaína y marihuana
Los hombres a los que se investiga tienen 23 y 39 años, sus iniciales son FAR y JRS y transitan el proceso judicial en prisión preventiva. «Fueron detenidos en el marco de allanamientos que se concretaron a principios de este mes en el barrio Barranquitas», recordó Nigro.
«En uno de los búnkers que se derribarán, al imputado de 23 años se le secuestraron 176 dosis de clorhidrato de cocaína, por un peso total de 71 gramos, papeles satinados y otros elementos relacionados al negocio ilícito», detalló el fiscal.
En tanto, afirmó que «en el otro inmueble que se destruirá, el hombre de iniciales JRS tenía en su poder 63 gramos de cannabis sativa distribuidos en 49 envoltorios». Según precisó, «este imputado también poseía una balanza, recortes de nylon y papeles de colores similares a los utilizados para fraccionar la droga».
«A su vez, en los dos búnkers se hallaron 498.160 pesos cuyo origen es materia de investigación», concluyó el funcionario del MPA.
