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La subasta fue este jueves en el Salón Metropolitano de Rosario y se remataron 21 autos, 6 pick-ups, 12 motos y un auto de colección, según informaron en un comunicado, ante un total de 4.500 inscriptos.
“Se vendió el total de vehículos por $451.600.000″, informaron desde el Gobierno deSanta Fe tras la primera subasta de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) de la gestión. A cambio oficial, ingresaron 505.711,086 dólares.
El lote por el que más se pagó fue el 5, un Mercedes Benz A45 AMG de 2017, cuyo precio final ascendió a $44.000.000. En segundo lugar, se ubicó el lote 10, una Dodge RAM 1500 de 2019 ($44 millones).
Luego, el tercer puesto lo compartieron el lote 6 (un Mercedes Benz SLK 250 de 2013 a $40 millones), el lote 40 (el clásico Triumph TR3 de 1958 a $33 millones) y el lote 2 (una Toyota Hilux de 2019 por $31 millones).
El gobernador Maximiliano Pullaro participó del evento, junto a los ministros de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastía.
“Esta subasta es una política pública, que nunca se debió dejar de llevar a cabo”, dijo el primer mandatario santafesino y recordó que “surgió de una ley que tiene la provincia de Santa Fe, la única de Argentina, que apunta a golpear en el corazón de las organizaciones criminales, en lo que más les duele: en los bienes y en el dinero, para quebrar así las posibilidades que tienen de seguir cometiendo delitos”.
Los bienes rematados, de alta, mediana y baja gama, tuvieron como valor base entre un 40% y un 60% del precio de mercado. De esta manera, los interesados ofertaron por una Dodge RAM con un piso de $20.000.000 y un Mercedes Benz SLK 250 Blue Efficiency Roadste de $17.000.000, a una Fiorino Qubo de $2.000.000. Un Audi de 2005 a $2.000.000, un Smart a $6.500.000 y un Triumph TR3 del año 1958 a $5.000.000 también estarán disponibles.
Los voceros aclararon que se les cambiará el dominio a los vehículos para que no terminen asociados a las organizaciones criminales a las que les fueron quitados, una medida que tiene el objetivo de brindar seguridad a las personas que los adquirieron.
El gobierno santafesino había abierto la inscripción para los interesados el 11 de abril pasado. Fue online y un requisito obligatorio para quienes finalmente participaron del remate, ya que previamente se realizó un entrecruzamiento de datos sobre antecedentes penales y para verificar que los interesados no tuvieran vínculos con las bandas investigadas.
La subasta se realizó tras un convenio con los Colegios de Martilleros de la primera y segunda circunscripción de la provincia de Santa Fe. Mediante la rúbrica, los profesionales, que se eligieron por sorteo, prestaron colaboración con el desarrollo a través de la APRAD, la entidad del Gobierno provincial que administra todos los bienes y efectos que son objeto de secuestro u otras medidas dispuestas en causas judiciales como consecuencia de delitos o contravenciones.
Estos bienes tienen como objetivo primordial su utilidad social. Así, los fondos recaudados en la subasta tienen tres finalidades: primero, autofinanciar la Agencia, que es un ente autárquico; segundo, aplicar el dinero en políticas de seguridad; y tercero, destinar fondos a política social.
“El dinero vuelve a la sociedad a través de donaciones a instituciones, escuelas, clubes de barrios, hogares, entre otros”, indicaron desde el Gobierno santafesino.
“Además de meter presos a quienes no nos dejan vivir tranquilos y en paz, sepan que el Estado les va a incautar y rematar los bienes adquiridos, productos de negocios ilícitos, y con esa plata vamos a resarcir a las víctimas y donar a instituciones de bien público para contener a los sectores más vulnerables de la sociedad”, remarcó Pullaro.
