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La cuenta regresiva se activó en la Cámara de Diputados, luego de que diez gobernadores firmaran el documento impulsado por el presidente Alberto Fernández para iniciar juicio político contra la cúpula de la Corte Suprema.
La comisión de Juicio Político comenzaría a trabajar durante el período de sesiones extraordinarias en el marco de un largo proceso que probablemente culmine sin el resultado deseado por el oficialismo, ya que carece de las mayorías calificadas necesarias en ambas cámaras para desplazar a los magistrados.
De todos modos, el Frente de Todos cuenta con la ventaja inicial de que en la comisión de juicio político presidida por la diputada albertista Carolina Gaillard hay 16 integrantes del oficialismo sobre un total de 31, lo que le garantiza la mayoría simple para sentar en el banquillo a los cuatro magistrados.
Con ese número, el Frente de Todos podrá abrir un sumario e iniciar la acusación formal por mal desempeño en sus funciones (según el artículo 53 de la Constitución) contra Rosatti y los otros tres cortesanos: el vicepresidente Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, y Ricardo Lorenzetti.
El oficialismo espera sustanciar con elementos de prueba su postura y de esa manera lograr que no solamente sean los 116 diputados propios quienes acompañen el dictamen. De todos modos, para aprobar la formación de la causa necesitaría de una utópica mayoría calificada de dos tercios de los miembros presentes en el recinto durante la votación.
Si tal como se prevé la iniciativa quedara rechazada en el pleno de la Cámara, podrá ser retomada ya que no perderá estado parlamentario por tres períodos, es decir, hasta el 30 de noviembre del 2025.
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