ARGENTINA ENCABEZA EL RANKING DE INCLUSIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN AMÉRICA LATINA

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Desde el año 1992, cada 3 de diciembre se celebra la jornada mundial de las personas con discapacidad, tal como fuera declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo de promover el trato igualitario y la inclusión social de quienes sufren algún tipo de minusvalía física, mental, intelectual o sensorial.

Este año, el lema de la ONU de cara a la celebración es «Soluciones transformadoras para un desarrollo inclusivo: el papel de la innovación para impulsar un mundo accesible y equitativo».

La inclusión de la discapacidad es condición esencial para el respeto a los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la paz y la seguridad, siendo esto algo que aún no ocurre en gran parte del mundo.

Según el informe del Banco Mundial denominado “Rompiendo Barreras – Inclusión de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe”, actualmente, en 1 de cada 5 hogares latinoamericanos en situación de pobreza extrema vive una persona con discapacidad. Su vulnerabilidad sube si, además, vive en zonas rurales, si es una mujer o si pertenece a una minoría étnico-racial. Durante la pandemia de la COVID-19, esa vulnerabilidad se acrecentó debido a la inaccesibilidad de las ciudades y a servicios de mala calidad.

Ahora bien, más allá de la situación socioeconómica, históricamente el acceso a servicios básicos como la educación formal desde la primera infancia y la universidad se ha vuelto un verdadero reto para estas personas a lo largo de toda su vida. El mismo estudio determinó que el 15% de los niños con discapacidad no van a la escuela y los que asisten tienen mayores probabilidades de abandonar los estudios. Esto se debe a la falta de infraestructura, materiales pedagógicos, formación docente, entre otros. Por su parte, en el ámbito laboral, el trabajo destaca que las personas con discapacidad tienen menor participación.

En América Latina, la tasa de informalidad de los trabajadores con discapacidad es, en promedio, 11 puntos porcentuales más alta, y en países como Costa Rica y México, ganan un 20% menos, en promedio, que el resto de los trabajadores.

Sin embargo, en este contexto tan desafiante, el CIPDH-UNESCO ha venido trabajando con diferentes instituciones y Ongs a nivel nacional e internacional en el marco del III Foro Mundial de Derechos Humanos, que se realizará el año próximo en el país, para visibilizar y concientizar sobre los derechos de las personas con discapacidad.

En este sentido, la Argentina continúa a la vanguardia en la región en cuanto a la normativa y defensa de los derechos de las personas con discapacidad. El país cuenta con más de una decena de leyes y otros tantos proyectos avanzados que buscan garantizar la inclusión social y la protección de los derechos de los más vulnerables.

Al respecto, Fernanda Gil Lozano, Directora Ejecutiva del CIPDH, reconoció que “desde la propia Constitución Nacional, seguida por leyes, resoluciones y convenciones internacionales, el país se destaca por poseer una amplia legislación que promueve la participación igualitaria en todos los espacios”.

En detalle, el trabajo señala que la Constitución Nacional ordena en su artículo 75 “legislar y promover” acciones positivas que garanticen la “igualdad real de oportunidades y trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos”, abarcando, en particular, a personas con discapacidad, niños y mujeres.

A nivel internacional, en 2006 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El Congreso argentino adhirió a la misma dos años más tarde, a través de la Ley 26.378. Algo similar ocurrió con la Ley 25.280 del año 2000, que le dio carácter constitucional a la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.

En términos de salud, Argentina cuenta con un sistema de prestaciones básicas de atención creado por la Ley 24.901. Para acceder a la misma, los beneficiarios deben contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), previsto por las leyes 22.431 y 25.504. Ese documento habilita también a viajar en los distintos tipos de transporte colectivo terrestre sin costo alguno (Ley 25.635). La normativa permite el libre tránsito y estacionamiento, y concede la eximición del pago de peajes y otros impuestos. A su vez, el portador del CUD tiene derecho a cobrar asignaciones familiares por discapacidad.

En cuanto al mercado laboral, la Ley 25.689 establece un Cupo Laboral Obligatorio del 4 % para las empresas que presten servicios públicos privatizados y entes públicos no estatales.

En lo que respecta a la accesibilidad a la información, el artículo 66 de la Ley 26.522 dispone que todos los contenidos audiovisuales deberán incorporar un subtitulado oculto, lengua de señas y audio descripción.

A su vez, la Ley 26.653 establece que todos los organismos del Estado, las empresas estatales y las privadas concesionarias de servicios públicos “deberán respetar en los diseños de sus páginas web las normas que faciliten el acceso a sus contenidos a todas las personas con discapacidad”.

En tanto, la Ley Nacional de Educación, la 26.206, contiene un capítulo dedicado a la Educación Especial, entendida en esta norma como una “modalidad del sistema educativo destinada a asegurar el derecho a la educación de las personas con discapacidad” y, finalmente, la Ley 25.730 de Programas y Proyectos a favor de las personas con discapacidad ordena financiar las actividades de promoción de derechos.

Sin embargo, Argentina busca sostener su alto nivel en la materia, dado que hace pocos días la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a la Ley de Lengua de Señas Argentina, que busca reconocer a la LSA como una lengua natural y originaria, y que garantiza su participación e inclusión plena.

Además, el Poder Ejecutivo está avanzando con consultas federales y audiencias públicas sobre el proyecto de la nueva Ley de Discapacidad, que propone ser una Ley de Derechos Humanos, con perspectiva de género, interseccional e intercultural, que se ampare en los lineamientos del Modelo Social que entiende a la persona primero en el reconocimiento de sus derechos humanos, civiles, políticos y de libertades fundamentales.

Por todo esto, Gil Lozano señaló que “Argentina está muy bien posicionada internacionalmente en cuanto a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad”, aunque reconoció que “hay que seguir trabajando fuerte para que los gobiernos de todos los países reconozcan la problemática y trabajen en pos de una sociedad 100% inclusiva”.

Finalmente, la máxima autoridad del CIPDH-UNESCO adelantó que “la inclusión en materia de discapacidad será uno de los ejes fundamentales que se debatirá en el mencionado III Foro Mundial de Derechos Humanos, que se celebrará en el país en marzo de 2023 con una cifra récord de asistentes de más de 100 países”.