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El ministro de Economía, Sergio Massa, adelantó ayer que el Gobierno prepara “un plan de estabilización entre diciembre y marzo” con el fin de congelar los precios “en los meses más calientes del año” en productos que “representan el 86%” del consumo masivo. Aludió a la categoría más sensible para la población porque abarca a alimentos, bebidas, tocador y limpieza.
En declaraciones radiales, Massa precisó además que se trabaja en el desarrollo de una nueva función de la app “Mi Argentina”, que permitirá a la gente controlar los precios en góndola a través del simple escaneo del código de barras. Agregó que si esto no ocurre, se podrán denunciar los incumplimientos desde la misma aplicación, con multas a comercios que podrían llegar a $ 300 millones.
Massa se refirió a las negociaciones lleva adelante el secretario de Comercio, Matías Tombolini, para acordar “Precios Justos”, que contempla un acuerdo con fabricantes para fijar los precios de 1.500 artículos de marcas líderes durante 120 días. “A las empresas les damos incentivos de certeza de acceso a mercados de cambios y programas fiscales de incentivos. Si cumplimos, ganamos todos”, subrayó el ministro.
El programa Precios Justos ve la luz ahora dado que el Gobierno destrabó el principal escollo en el que se refugiaban las empresas para negarse a congelar: la obligación de poner el precio acordado impreso en los paquetes. Ante esa tensión, Massa le pidió a Tombolini buscar alternativas, y se acordó la app que automáticamente informa si el precio es el correcto y permite denunciar en el instante al Gobierno. Hasta ahora, el Gobierno negoció esas condiciones con las empresas Arcor, Molinos, Aceitera General Deheza (AGD), Coca Cola, Quilmes, Mastellone y Procter and Gamble, entre otras. Le queda resolver con el resto de las 20 grandes y abrirá mesas con las empresas nucleadas en la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), que reúne a los grandes como Coto, Chango Más, Carrefour, La Anónima, Jumbo y Disco, entre otros. También habrá encuentros con Cadam, la cámara de mayoristas, comercios que le suelen cargar mucho al precio final salido de fábrica.
Lo que se negocia ahora es si habrá o no precio de entrada al congelamiento, qué productos entrarán y un acuerdo político de comportamiento para la salida de ese proceso de precios estables por 120 días.
El control y aumento de las multas
El Gobierno apunta a dos herramientas de control. El primer lugar, habrá una app para celulares que será parecida a la del escáner de códigos de barras que usan los cajeros de comercios, y que ve in situ el precio de los productos y si están o no incluidos en Precios Justos. Según Comercio, la aplicación se trabaja para que sea descargada según sistema operativo o bien la app Mi Argentina permita el escaneado. Además, ese mismo mecanismo permitirá denunciar on line si el producto no tiene el precio y, a partir de esa información y lo que se consiga vía inspectores, el Gobierno procederá con las sanciones.
La segunda novedad es que en la ley de Presupuesto 2023 que se debate en el Congreso y ya tiene media sanción de Diputados, se subieron por primera vez desde el año 2008 los montos de multas a las empresas que violen la Ley de Defensa del Consumidor. La referencia es para la modificación del Art. 47, Inc. B de dicha norma. Hasta el 2008, la multa era de hasta 5 millones de pesos, hoy ese máximo pasa a ser de 283 millones de pesos, calculados en base al aumento de la fórmula de canastas básicas totales para hogar 3 que maneja el Indec. Si bien no todas las irregularidades tendrán esa multa, llevar a la penalización máxima a casi 300 millones tiene el objetivo de ejemplificar.
Aseguran que el Gobierno había visto que, con los niveles actuales de penalización, no existía en las empresas temor a incumplir los acuerdos. Es más, para la mayoría era más conveniente seguir aumentando los precios y ser pasibles de sanciones que son insignificantes para el volúmen de sus ingresos y balances.
