SE DIO MEDIA SANCIÓN AL PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE DELITO

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«Tan anhelado y deseado por las víctimas», remarcó el diputado provincial Oscar Martínez.

Este jueves la Legislatura Santafesina dio media sanción al proyecto de Ley de Protección a las Víctimas de Delito.

El objetivo de la norma es reconocer y garantizar los derechos de las personas que han padecido violaciones a los derechos humanos y/o han sido víctimas de ilícitos penales. El mismo diseña el “Sistema Provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia Legal” integrado por los Centros de Asistencia Judicial existentes y por aquellos a crearse progresivamente en cada cabecera departamental, que no cuenten con esa dependencia.

Al respecto, Oscar Martínez, diputado provincial, explicó por Telefe Santa Fe «es tan anhelado y deseado por las víctimas y familiares de víctimas en la provincia, una provincia que está herida por la inseguridad y la violencia y donde cada día más santafesinos y santafesinas se ven atravesados por el 
delito».

Además remarcó que la idea es que «efectivamente se establezcan mecanismos institucionales para curar y sanar las heridas, para que el Estado pueda reconocer los derechos humanos de este sector de nuestra población que son cientos de miles que bueno que están en esa situación». 

De esta manera se promueve un dispositivo estatal que tiene como objetivo fundamental proveer a las víctimas de una atención inmediata, integral e interdisciplinaria que les habilite la palabra, los escuche, les proporcione contención, asistencia, representación legal y evite la dolora revictimización, al no contar con un espacio de acompañamiento y atención a sus necesidades concretas.

Por otra parte, Martinez dijo que la misma «establece una normativa de orden público que le otorga derechos a las víctimas y que deberán cumplir los integrantes de todos los poderes y los auxiliares de justicia que incluyen no solamente la participación de la víctima en el proceso penal sino también una justicia reparadora que incluya no sólo el asesoramiento y el patrocinio letrado gratuito, cuando la víctima no tenga la capacidad económica para hacerlo, sino también la atención desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista social». 

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