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El juez penal de Rafaela, Javier Bottero, ordenó 90 días de prisión preventiva a altos oficiales –cuatro retirados y uno en actividad– después de ventilarse los hechos en la audiencia imputativa
Durante más de 12 horas corridas, contadas desde las 15 del viernes y hasta pasadas las 3 de este sábado se extendió la audiencia imputativa en la que el juez penal Javier Bottero impuso a cuatro altos oficiales retirados, comisarios generales, y dos comisarios mayores, uno en actividad y otro retirado, prisión preventiva durante 90 días.
El proceso se inició con una investigación del fiscal de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público con sede en la ciudad de Rafaela, Martín Castellano, por asociación ilícita dedicada a los juegos de azar clandestinos. Los cuatro policías retirados son J. A. G. de 52 años; J. P. B. de 48; J. J. A. P. de 51; y F. E. F. de 57, (los tres fueron jefes de la Unidad Regional V Castellanos de la Policía de Santa Fe entre 2017 y 2019). J. A. G. fue jefe de la Agrupación Unidades de Orden Público. F. F. A. de 39, es el único en actividad (fue jefe de la Agrupación Cuerpos). En la misma causa hay imputadas otras 12 personas y cuatro de ellas ya cumplen prisión preventiva.
Imputación de delitos
Durante la audiencia, el fiscal del MPA Martín Castellano, imputó los delitos aludidos a todos los policías como coautores del delito de asociación ilícita en calidad de organizadores, y a los tres de ellos en particular, F. E. F., J. P. B. y F. F. A. ser partícipes necesarios en concurso real del delito de organización, administración, operación y explotación de sistemas de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de autoridad jurisdiccional competente.
Los hechos ventilados
Los cuatro oficiales de alta graduación y el que aún está en actividad, junto con otros dos hombres identificados como D. A. I. P. y M. G. U. , formaban parte de una asociación de carácter delictivo de manera estable, con suficiente organización y roles definidos, según explicó en detalle el fiscal Martín Castellano, aludiendo de manera textual «la asociación ilícita estaba destinada al ejercicio irregular y habitual de organización, administración y explotación de juegos de azar que no contaban con la debida autorización emitida por las autoridades competentes en la materia». Luego prosiguió “Los civiles investigados entregaban parte de las ganancias obtenidas de la actividad ilegal a los policías en los períodos en que cada uno de ellos formó parte de la asociación ilícita, conforme a un acuerdo existente para el reparto de las ganancias”,
El cobro de las coimas
Martín Castellano, en otro tramo de la argumentación señaló: “La entrega del dinero era para la protección policial que brindaban para que las actividades delictivas de la organización sean factibles y desarrolladas con los menores contratiempos posibles”, y que “el accionar ilícito de los imputados consistió en brindar información –incluso de investigaciones fiscales en curso– para que los civiles conserven a resguardo las «salas» de juego”. También subrayó que “impartieron instrucciones para optimizar el rendimiento de la explotación ilegal; volcaron su influencia para obstruir o inhibir cualquier tipo de control, actuación o procedimiento policial y facilitaron las condiciones necesarias para que las «salas» pudieran habilitarse, mantenerse en el tiempo o bien cerrarse temporalmente, incluyendo el suministro de información sobre investigaciones fiscales en curso”.
Finalmente dijo que “los pagos eran de entre 120 y 280 mil pesos y se hacían de forma semanal, quincenal o mensual de acuerdo a la modalidad establecida por el jefe policial de turno”. También precisó que “algunas entregas de dinero se hicieron en el edificio de la Jefatura de Policía de Rafaela, pero otras las hacían personalmente los civiles imputados en la vía pública”. En tal sentido, refirió a los lugares en los que se concretaron y enumeró “la intersección de la avenida Mitre y calle José Ingenieros; inmediaciones de calle Primera Junta a la altura de una de las tribunales laterales del estadio del Club Atlético Rafaela; y la avenida Roque Sáenz Peña frente al monte de eucaliptus”.
Juego clandestino
Castellano advirtió que “a partir de enero de 2017, a los hechos delictivos que constituían el objeto de la asociación ilícita desde su inicio, se añadió el ejercicio habitual y continuo de la actividad de organización, administración y explotación de juegos de azar sin autorización”, y que “estaba dirigida a un público indefinido y variado que concurría de manera fluida y asidua a los establecimientos puestos a disposición a tales fines o bien ingresaba a páginas online para disputar los juegos de azar”.
“El entramado de negocios ilegales indicados fue desplegado en cuatro inmuebles en la ciudad de Rafaela, dos en Sunchales y uno en la localidad de Ramona, mediante la puesta a disposición de locales físicos de acceso libre en los cuales los asistentes disputaban juegos de azar mediante la utilización de máquinas y equipamientos electrónicos o bien a través de la modalidad denominada «juego o casino on-line»”, y concluyó que “a estos fines, los miembros de la organización vendían «créditos» para que los adquirentes ingresen a sitios web que se les indicaba en condiciones de disponer de recursos para apostar en el marco de partidas online de juegos de azar, asumiendo la misma, en consecuencia, la condición de intermediaria en el flujo de dinero entre los portales web de apuestas y los jugadores”.
